Al menos 24 personas han muerto en Venezuela durante las protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, fuertemente reprimidas por las fuerzas del orden, que este martes 6 de agosto cerraron filas con el gobernante izquierdista.
Maduro fue proclamado por la autoridad electoral como presidente reelecto para un tercer mandato de seis años con 52 por ciento de los votos frente a 43 por ciento del opositor Edmundo González Urrutia, representante de la dirigente María Corina Machado, que denuncia un fraude.
Horas después del primer boletín, estallaron manifestaciones en Caracas y otras ciudades del país, incluidos barrios pobres que históricamente se definían como chavistas.
“Los registros dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto, en eventos y protestas relacionadas con los comicios”, según un informe de la ONG de derechos humanos Provea.
El balance coincide con un informe que más temprano ofreció la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. Las movilizaciones mermaron casi al instante en medio de represión y detenciones arbitrarias denunciadas por activistas. La prensa ha informado de la muerte de manifestantes que llegaron heridos a centros de salud.
Maduro ha reportado dos militares fallecidos, sin mencionar bajas civiles. Sí ha dicho que hay más de 2,200 personas arrestadas, a las que llaman “terroristas” y que vinculan con un plan para derrocarlo. Además, el mandatario alista dos cárceles de alta seguridad para trasladar a estos detenidos.
Este martes, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, rechazó “cualquier acto que lleve al aumento de la violencia o que genere represión” e instó “a que haya mucha cautela, mucha prudencia, para evitar que se generen brotes de violencia”. Colombia, Brasil y México impulsan un acuerdo político en Venezuela que permitirá superar la crisis.
Machado —que denuncia una “campaña de terror” del gobierno— convocó para el jueves a una vigilia “por la libertad de los presos políticos”. No está claro si asistirá.
Aunque acudió el sábado a una concentración masiva opositora el sábado pasado, se mantiene escondida al declarar temor por su vida. González Urrutia, en tanto, no ha sido visto en público desde hace una semana.
La fiscalía abrió una investigación penal contra ambos por “instigación a la insurrección” y otros delitos como “conspiración”, luego de que publicaran una carta abierta para militares y policías en la que defendían la victoria opositora en los comicios y pedían a los uniformados ponerse “al lado del pueblo”.
La Fuerza Armada de Venezuela, en respuesta, reiteró este martes su “absoluta lealtad” a Maduro. Y calificó de “desesperados y sediciosos” esas órdenes de apoyo, según un comunicado que leyó más temprano el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
“Estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán”, subrayó Padrino, quien estuvo acompañado del alto mando militar y policial.
La semana pasada, Maduro pidió cárcel para Machado y González Urrutia. La Unión Europea, que ha cuestionado la victoria de Maduro al igual que Estados Unidos y varios países de América Latina, pidió el fin de lo que tilda como una “campaña de intimidación judicial”.
Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas y 12 de 34 ministerios, incluidas carteras importantes como Petróleo, Energía, Defensa, Relaciones Interiores y Comercio.
La oposición y expertos denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales. El futuro de la elección reposa por ahora en la Corte Suprema, a la que Maduro pidió “certificar” el resultado.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado el detalle del resultado de la elección del 28 de julio. Su página de internet no funciona desde entonces y alega que su sistema fue jaqueado, lo que los expertos desestiman.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) citó a candidatos y representantes de los partidos para consignar y “responder las preguntas” con relación a la causa. González Urrutia deberá acudir el miércoles y Maduro el viernes.
“La falta de comparecencia ante esta sala acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente”, advirtió la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez.
Machado y González aseguran tener pruebas de la victoria opositora, tras publicar copias de más del 80 por ciento de las actas de votación. La oposición considera al TSJ un “apéndice” del chavismo y académicos y dirigentes políticos consideran improcedente el caso. N
