Las autoridades sanitarias y políticas del Reino Unidos encubrieron la verdad sobre el escándalo de sangre contaminada que dejó cerca de 3,000 muertos en esa región entre los años 1970 y 1990, concluyó este lunes 20 de mayo una investigación pública.
Este escándalo, en el que miles de personas quedaron infectadas por hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) después de recibir transfusiones de sangre, “podría haberse evitado en gran medida”, afirma el exjuez Brian Langstaff, que dirigió el informe, de siete años de trabajo.
“La magnitud de lo ocurrido es espantosa”, describe en esta investigación de más de 2,500 páginas que recorre miles de testimonios y documentos que prueban que “la verdad estuvo oculta durante décadas”. Brian Langstaff señala sobre todo la responsabilidad de los sucesivos gobiernos por tardar en actuar cuando surgió el escándalo y por haber asegurado erróneamente en varias ocasiones que los pacientes habían recibido el mejor tratamiento.
“La gente depositó su confianza en los médicos y en el gobierno para mantenerlos a salvo. Y esa confianza fue traicionada”. El ahora presidente de Infected Blood Inquiry, Sir Brian Langstaff, dice que el gobierno “agravó la agonía” de los afectados por el escándalo.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, pidió perdón, pocas horas después durante una intervención en el Parlamento, por la actuación de los gobiernos conservadores en este escándalo de la sangre contaminada. “Quiero pedir disculpas de todo corazón e inequívocamente por esta terrible injusticia”, dijo el primer ministro, prometiendo pagar “lo que cueste” para compensar a los afectados y a las familias de los que fallecieron.
Entre los años 1970 y principios de los años 1990, más de 30,000 personas que padecían hemofilia o habían sido sometidas a operaciones quirúrgicas fueron contaminadas por el virus de la hepatitis C y el VIH después de recibir transfusiones, a través de lotes de sangre procedentes principalmente de Estados Unidos.
Debido a la escasez de sangre, el servicio público de salud, el NHS (National Health Service), recurrió a proveedores estadounidenses que pagaban a sus donantes, entre los que se encontraban presos y miembros de otros grupos con un riesgo importante de infección.
“La respuesta de las autoridades vigentes no hizo más que agravar el sufrimiento” de las víctimas, señala el informe. En 2017, el gobierno británico, entonces dirigido por la conservadora Theresa May, decidió abrir esta investigación pública para ofrecer transparencia sobre esta tragedia, calificada como “el peor desastre médico” en la historia del NHS.
En 2022, un informe ya había pedido a las autoridades que pagaran una indemnización inmediata a las víctimas, sin esperar al final de las investigaciones. El gobierno anunció inmediatamente un primer pago de 100,000 libras (127,000 dólares) a varios miles de personas. El coste final de la compensación podría alcanzar varios miles de millones de libras y se anunciará esta semana.
El Informe hace doce recomendaciones, incluido un llamado al reconocimiento nacional de este desastre de tratamiento, compensación y un cambio de cultura y práctica en el NHS y el Servicio Civil, explica la organización. N
(Con información de AFP)
