El gobierno del Reino Unido anunció el miércoles que indemnizará con 100,000 libras (121,000 dólares) a miles de personas infectadas décadas atrás de VIH y hepatitis C a través de transfusiones de sangre contaminada.
Aunque la larga investigación pública del escándalo todavía está en marcha, su responsable, Brian Langstaff, recomendó el mes pasado proceder inmediatamente al pago provisional antes de dar por concluidas sus pesquisas.
“La moralidad de la indemnización está fuera de dudas”, dijo el antiguo juez del Tribunal Superior de Justicia británico.
El gobierno señaló que los pagos serán libres de impuestos y se efectuarán a finales de octubre a los supervivientes del escándalo y a las parejas de las miles de personas que se estima que murieron por la sangre contaminada.
Miles de personas con hemofilia contrajeron hepatitis C o VIH tras recibir transfusiones de sangre a través del Servicio Nacional de Salud (NHS) en las décadas de 1970, 1980 y 1990. Debido a la escasez de reservas de sangre en Reino Unido, el NHS compró gran parte de sus existencias a proveedores estadounidense cuyos donantes, que incluían presos y otros grupos de alto riesgo, habían cobrado por dar sangre.
Se estima que 2,400 pacientes murieron tras ser infectados por estas transfusiones entre los 1970 y los 1980. Una investigación anterior concluyó en 2009 que los distintos gobiernos deberían haber actuado para garantizar el autoabastecimiento de sangre en el país y disminuir la dependencia de las importaciones.
También solicitó una indemnización para los afectados. Una sentencia de 2017 del Tribunal Superior permitió a las víctimas y sus familias reclamar esta indemnización a través del sistema judicial.
En un comunicado, el primer ministro Boris Johnson reconoció que “nada puede reparar el dolor y el sufrimiento de aquellos afectados por esta trágica injusticia”. Pero añadió que el gobierno estaba “tomando acciones para hacer lo correcto con las víctimas y aquellos que trágicamente perdieron a sus parejas, asegurándose de que reciban estos pagos provisionales lo antes posible”.
Sin embargo, los activistas indicaron que la medida no reconoce a la mayoría de familiares afectados por el escándalo, que no recibirán esta indemnización provisional.
Se espera que cuando la investigación pública termine el próximo año incluya recomendaciones para indemnizar a este grupo más amplio, como padres o hijos de las víctimas. N
(Con información de AFP)
