El glifosato, herbicida controvertido, pero ampliamente utilizado, es objeto de restricciones e incluso de prohibiciones en varios países del mundo.
La sustancia activa del famoso Roundup de Monsanto fue clasificado en 2015 como “carcinógeno probable” por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por el contrario, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos consideró en 2022 que las pruebas científicas disponibles no permitían clasificarlo como carcinógeno.
México se comprometió a principios de 2021 a una prohibición progresiva del glifosato hasta la prohibición total a partir del 31 de marzo 2024. En Colombia, las fumigaciones con glifosato para destruir las plantaciones de coca se suspendieron por razones sanitarias en 2015 y se volvieron a autorizar bajo ciertas condiciones a partir de 2020.
Mientras tanto, en Brasil fue objeto de una breve batalla judicial en 2018, cuando un juez suspendió los nuevos productos a base de glifosato antes de que un tribunal a cargo del gobierno anulara su decisión. En El Salvador, el herbicida formó parte de una lista de 53 productos agrícolas prohibidos en 2013. Posteriormente, se levantó su prohibición.
Sobre Estados Unidos, Monsanto y su empresa matriz alemana Bayer han estado involucrados durante años en múltiples y costosos procedimientos judiciales en el país relacionados con el uso del herbicida Roundup.
En 2020, el grupo llegó a un acuerdo de 10,000 millones de dólares para saldar las demandas de antiguos usuarios. Sin embargo, en este país el glifosato sigue en venta, aunque las restricciones locales limitan su uso. En 2019, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reafirmó que no es “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
En la Unión Europea (UE), el glifosato es objeto de debate desde hace años, pero no está prohibido. Sujeto a renovaciones periódicas de autorización, actualmente está autorizado hasta mediados de diciembre de 2023. La Comisión Europea propuso hoy renovar esta autorización en la UE por un periodo de diez años, sujeto a condiciones.
En julio de 2023, un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria allanó el camino para esta prolongación, a pesar del “alto riesgo a largo plazo para los mamíferos”, lo que provocó la indignación de las ONG medioambientales.
Luxemburgo, que había prohibido la comercialización del producto a finales de 2020, se vio obligado a dar marcha atrás en 2023 por decisión judicial. Situación comparable en Austria, donde a finales de 2019 se anuló una votación parlamentaria para prohibir el glifosato a partir de 2020 debido a un error de procedimiento.
En Francia, Emmanuel Macron se comprometió en 2017 a salir del glifosato “a más tardar” a principios de 2021, antes de retractarse. Desde entonces, París se fijó como objetivo salir de lo esencial de su uso. En 2020, la agencia sanitaria francesa Anses anunció restricciones progresivas para su utlización en la agricultura, ya que su uso por particulares está prohibido desde 2019.
En Países Bajos y Bélgica el uso del glifosato está prohibido para los particulares. Mientras tanto, en Portugal su uso está prohibido en los espacios públicos. En República Checa está limitado, pero no prohibido desde 2019. Alemania tiene previsto prohibir el glifosato a finales de 2023. Las primeras limitaciones entraron en vigor en 2020 con una prohibición en los espacios públicos (parques, campos de deportes, escuelas, etc.) y en los jardines particulares.
En Sri Lanka, el herbicida —sospechoso de causar una nueva enfermedad crónica de los riñones entre los habitantes de las zonas de producción de arroz— fue prohibido a partir de junio de 2015. Sin embargo, ante la ausencia de estudios que asociaran directamente el glifosato con esta enfermedad, la prohibición se levantó parcialmente en mayo de 2018 y se suprimió completamente en noviembre de 2021.
En abril de 2019, Vietnam anunció una prohibición de su uso, que entró en pleno vigor a mediados de 2021. N
