La Marina y el Ejército no solo tuvieron conocimiento de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sino que también estuvieron presentes en distintas escenas durante la desaparición de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa, informó este martes 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en la que fue su última presentación e informe.
En su informe, los expertos cuestionaron nuevamente la actuación del ejército mexicano. “No solo permitió que se dieran los ataques sino encubrió posteriormente y no facilitó la información veraz sobre lo sucedido”, subrayó.
De acuerdo con los hallazgos revelados por el GIEI, el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el ejército e incluso la Marina estuvieron presentes en los hechos. También suma la participación de elementos de la policía de tránsito. En este nuevo informe se señala la comunicación con radiotaxis y un taller de automotores durante la noche de los hechos.
El documento señala que las policías no solamente estuvieron en las escenas, sino también dispararon contra los jóvenes sobrevivientes del llamado “quinto autobús”, que inicialmente los estudiantes habían tomado para asistir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México.
Carlos Beristain, miembro del GIEI, dijo que “el acceso a la información ha sido parcial y contradictorio por parte de Sedena”. A su vez, denunció que “se sigue mintiendo sobre la ausencia de datos sobre la noche de la desaparición de los 43 estudiantes”.
En otro momento de la presentación del informe, el GIEI señaló que contrario a lo que dijeron las autoridades, sí hubo comunicación aquella noche entre el C4 y el sistema de inteligencia del batallón 27 de Iguala con una “intensidad relevante”. También se contactó con otras cedes de Sedena “no institucionalizadas” y policías de tránsito.
La Sedena hizo un seguimiento de los hechos que permitía identificar a autores y participantes de los hechos, incluso el Estado Mayor Presidencial analizó información que permitía conocer lugares donde fueron emboscados al menos 17 de los jóvenes, señaló el GIEI. Sin embargo, pese a que los expertos pudieron tener acceso a archivos, señalan, no se logró conocer en su totalidad los documentos.
“El ocultamiento de esa información también constituye una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes”, dijo Carlos Beristain. Para el GIEI es “imposible” seguir su trabajo de pesquisas ante el “ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias” de parte del Estado, agregó.
La abogada Angela Buitrago, también miembro del GIEI, señaló que está documentada la presencia de policías y militares en el Palacio de Justicia de Iguala. Los elementos estuvieron justo “cuando se estaban llevando a los muchachos con dirección desconocida”.
El GIEI ha cuestionado la investigación del exfiscal general Jesús Murillo Karam, detenido en agosto de 2022 acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Pero una comisión del actual gobierno que investigó el caso sostiene que los delincuentes –en complicidad con policías y militares– buscaban recuperar droga escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que éstos supieran de su existencia.
Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas. El GIEI fue creado por un acuerdo entre México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras ocho años de investigación del caso el GIEI señaló que se va con preocupación por la falta de protección a los testigos protegidos y las falsedades y ocultamiento de información a las familias de las víctimas. N
