María tomó un brebaje con semilla de aguacate, hojas de “mala madre” y otras plantas para tratar de interrumpir su embarazo, pero no funcionó y quedó sin opciones. El aborto en Venezuela es ilegal y solo es accesible clandestinamente si se tiene dinero.
De 26 años y madre de cinco niñas, María vive en la pobreza extrema, alojada en casa de una amiga en un barrio popular de Caracas. “Uno pierde la vida pariendo, pariendo, pariendo”, dice a la AFP la joven, que pidió proteger su identidad con un nombre ficticio.
“Yo no quería tener más hijos, me llené de muchachos demasiado rápido”, lamenta.
Viven con ella sus dos hijas más pequeñas, una de tres años y una bebé de diez meses. Las otras tres, una de cinco años y dos gemelas de nueve, están en casa de su abuela. Trató de abortar en su tercer embarazo. “Intenté sacármela, tomé pepa de aguacate, remedios caseros y nunca se me salió”, cuenta María, quien confiesa que la “receta” se la dio una amiga que la había probado con éxito.
Venezuela, país fervorosamente católico y conservador, sanciona el aborto provocado con cárcel por hasta seis años. Según el código penal de 1926, reformado en 2005, las penas se reducen si busca proteger el “honor” de la mujer y su familia —sin especificar a qué se refiere ello— y se condonan si se hace para “salvar la vida” de la madre.
“Con los guarapos caseros, supuestamente, se te sale el bebé y no queda residuo de nada. Con las pastillas sí queda y los doctores se dan cuenta (…) y aquí tú no puedes hacer eso porque te meten preso”, explica María.
Casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados y 60 por ciento termina en un aborto, según la ONU, que reportó que 45 por ciento de las interrupciones son inseguras.
Venezuela no publica cifras de salud, incluidos los casos de aborto. Una cosa es segura en medio de la opacidad existente. Este país de casi 30 millones de habitantes está lejos de surfear la “marea verde” de los movimientos proaborto que bañó América Latina en los últimos años.
El aborto está despenalizado en Argentina, Colombia, Cuba, México y Uruguay, pero el tema nunca ha sido prioridad en 24 años de gobiernos del movimiento chavista gobernante. El Parlamento, de mayoría oficialista, anunció en 2021 que legislaría sobre el asunto, pero no hay nada concreto.
“No es una prioridad (en Venezuela) que las mujeres se mueran por abortos en condiciones inseguras”, lamenta Belmar Franceschi, directora ejecutiva de la ONG Plafam, que presta orientación sexual y reproductiva.
Una maestra fue detenida en 2020 por asistir el aborto de una adolescente de 13 años, embarazada en una violación, y estuvo nueve meses bajo arresto. El agresor quedó libre. Y en mayo pasado, la policía desmanteló una presunta “banda dedicada a promover el aborto ilegal”, que no era más que un colectivo feminista que acompañaba a mujeres que querían interrumpir su embarazo de forma segura.
Un influenciadora antiaborto en las redes sociales hizo la denuncia y publicó la foto de una mujer custodiada por un policía. A raíz del caso, muchas activistas cesaron su actividad. En hospitales públicos el aborto es imposible, pero en centros privados cobran hasta 1,000 dólares por practicarlo clandestinamente.
Zarina, una música de 35 años, supo que estaba en estado de gravidez al cuarto día de retraso menstrual. Tres pruebas dieron positivo. Sin embargo, no lo entendía, pues estaba tomando píldoras anticonceptivas.
Decidió abortar, pero no sabía cómo. “Asume tu responsabilidad”, le dijeron en el primer centro de salud al que fue a preguntar. “Me sentí como una adolescente”, confiesa. Compró unas pastillas que le dijeron eran abortivas en un portal de comercio electrónico. Las buscó en una barriada, a escondidas, y las tomó mientras se sometía a un tratamiento de acupuntura. Todo falló.
Las semanas pasaban y la desesperación crecía. Consultó a médicos, que a medida que le iban explicando el procedimiento para interrumpir el embarazo borraban mensajes para no dejar evidencia. Le pedían entre 400 y 1,000 dólares.
“No tenía el dinero y a una le dije que le dejaba mi instrumento, que vale miles de dólares, mientras lo reunía. Me dijo que no le interesaba, que trajera el dinero y listo”, cuenta. Finalmente un ginecólogo la atendió y le cobró por cuotas 500 dólares.
“Me sentí a salvo”, recordó Zarina, que también pidió cambiar su nombre para “no ir presa”. Abortó con “respeto, calidez humana, sin dolor, sin psicoterror, sin regaño”.
Las manifestaciones a favor del aborto seguro se multiplican. “De manera novedosa para la escena política venezolana, (el tema) ha tomado la calle de manera masiva”, destaca Claudia Rodríguez, activista de la ONG feminista Mujer en Lucha.
Sin embargo, también crecen expresiones antiaborto, como una marcha impulsada por movimientos evangélicos que congregó a cientos en Caracas hace unos días. Ketsy Medina, de 40 años, sufrió en la novena semana de gestación un aborto retenido, en el que el cigoto no es expulsado. Era un embarazo deseado.
Decidió esperar para expulsar el embrión sin restos de curetaje y, con el paso de las semanas, tuvo esperanza de que el diagnóstico fuese un error y el feto estuviera bien. Fue a una clínica de maternidad para una ecografía esperando detectar latidos, pero le recibieron con sospechas.
“No importa que tengas tanta edad, siempre van a sospechar que te provocaste un aborto”, cuenta esta mujer, que volvió a quedar embarazada y un año después dio a luz a una niña, hoy de tres meses. Y la condena social tan arraigada viene cargada de culpa.
María quiere ligarse las trompas, pero no pudo en su último parto por un episodio de preeclampsia. Está ahorrando el dinero para realizar exámenes exigidos por el Estado para una operación gratuita. Ahora, está preocupada por su hija de tres años, hospitalizada por un ataque de asma. Piensa que se trata de un castigo divino.
“Yo le pido (perdón) a Dios por todo lo que hice, por intentar sacarme a mis hijas. Me arrepiento”, subraya cabizbaja. N
