Con pañuelos verdes y puños en alto, la marea verde se extiende por todo México exigiendo el derecho a servicios de salud dignos, bajo procesos informados, seguros y libres de violencia. A pesar de que la Organización Mundial de Salud estableció que el acceso al aborto seguro es un derecho humano, en México los abortos inseguros son una de las principales causas de muerte materna. Por eso la justicia reproductiva sigue siendo una deuda pendiente: una lucha para garantizar que el acceso a un aborto seguro no dependa de tu código postal.
En México esta lucha no es nueva. Desde 1936 ya se discutía la necesidad de reformar la legislación que prohibía el aborto, evidenciando una lucha de largo aliento en defensa de los derechos de las mujeres. Pero no fue sino hasta 2007 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación con una mayoría significativa de votos. Sin lugar a dudas, este logro fue el resultado de décadas de activismo y presión política por parte de diversos sectores de la sociedad.
En 2021 declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres que abortan
Este avance representó un hito en la lucha de activistas, organizaciones, abogadas, colectivas y acompañantes que han llevado la marea a sus estados. Su impacto trascendió a nivel nacional e internacional y sirvió de referencia para otros estados en México y para movimientos en toda América Latina que buscaban avances similares en sus países.
A partir de ese momento, la marea verde solo ganó más fuerza. En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado decisiones clave para garantizar los derechos reproductivos. En 2018 estableció el acceso obligatorio a la interrupción voluntaria del embarazo para víctimas de violación. Y en 2021 declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres que abortan, un paso fundamental en el reconocimiento de sus derechos. Desde entonces, 20 estados han avanzado en la despenalización bajo ciertas circunstancias.
Entonces, ¿por qué seguimos hablando de criminalización? A pesar de los avances, acceder a un aborto informado, acompañado y seguro, sigue siendo un reto que depende del lugar donde estemos. Por eso la marea verde toma distintas formas a través del país: en los 12 estados donde el aborto sigue penalizado significa luchar por la despenalización; en los demás, defender lo que ya hemos ganado ante nuevas amenazas. Aguascalientes, por ejemplo, logró la despenalización en diciembre de 2023 por una resolución de la SCJN, pero ocho meses después ese mismo Congreso votó para reducir el plazo de 12 a 6 semanas de gestación.
La criminalización va más allá de sentencias en centros de reclusión. Implica largos procesos legales, interrogatorios que ponen en duda sus decisiones, exposición en medios de comunicación y redes sociales, así como un estigma social que puede derivar en el abandono por parte de familiares y personas cercanas.
Por eso Ciudad de México busca dar un paso histórico: la despenalización total. Actualmente el aborto es el único servicio de salud esencial que está en el Código Penal, y mantenerlo allí representa una promesa incumplida, ya que implica que nuestros cuerpos, vidas y decisiones pueden ser criminalizadas.
En noviembre del año pasado, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen que eliminaría la criminalización del aborto del Código Penal de la ciudad. De lograr esta reforma, la Ciudad de México dejaría de ver el aborto como un delito y se vería como lo que es, un tema de salud pública y justicia reproductiva.
Hacer efectiva la reforma en Ciudad de México puede marcar un antes y un después para todo el país, como sucedió en 2007. Al aprobar esta iniciativa cada estado podría replicarla en sus propios códigos penales para que toda mujer y persona gestante cuente con los mismos derechos sin importar si vive en la Ciudad de México, Baja California, Hidalgo, Chiapas o Aguascalientes.
Vivir libre no es un delito. Que la marea verde siga creciendo, hasta que la libertad de decidir sea accesible en todos los estados. N
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Angie Contreras es vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, una iniciativa que defiende el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que alza la voz por el derecho a decidir su propio camino. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
