La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció que en los próximos días presentará un informe detallado sobre la presunta muerte por sobredosis de personas privadas de la libertad en los Centros de Readaptación Social. En caso de confirmarse estos hechos, podrían fincarse responsabilidades penales a los funcionarios encargados de dichos lugares.
Heriberto García, visitador general de la CEDH, explicó en atención a medios, que la Comisión inició una investigación de oficio a raíz de las publicaciones periodísticas relacionadas con estos lamentables sucesos. En este sentido, se solicitó información al Sistema Estatal Penitenciario sobre los fallecimientos que presuntamente ocurrieron debido al consumo de sustancias prohibidas.
García aseguró que, una vez que se reciba la información necesaria, la CEDH emitirá un posicionamiento en el cual recomendará que se finquen responsabilidades penales contra los funcionarios o particulares involucrados en la introducción de sustancias psicotrópicas en los centros penitenciarios. Además, se espera conocer las medidas y acciones implementadas para prevenir que estos incidentes se repitan en el futuro.
El pasado 29 de junio, la comisionada del Sistema Estatal Penitenciario emitió un comunicado de prensa en el que reconoció que se habían registrado “entre 15 y 18 muertes por presunta sobredosis”. Ante esta situación, la CEDH solicitó información precisa acerca de la ubicación de las personas internadas y si los dictámenes forenses confirman que las muertes fueron causadas por sobredosis.
Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de realizar una reforma de ley con el objetivo de que las autoridades que no atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión sean obligadas a comparecer ante el Congreso del Estado. Asimismo, se propone que se les inscriba un antecedente que les impediría ser electos o ocupar cargos en la administración pública.
La CEDH busca garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en los centros penitenciarios, así como promover la rendición de cuentas y la aplicación de sanciones en caso de detectar irregularidades o negligencias por parte de las autoridades responsables. Se espera que este informe brinde claridad sobre los hechos ocurridos y contribuya a mejorar la situación en estos espacios de reclusión. N
