El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retoma este miércoles 7 de junio un juicio crucial para los pueblos indígenas, que podría poner en jaque la demarcación de centenares de sus tierras ancestrales, considerada una barrera contra la deforestación.
Durante el llamado “juicio del siglo” para los indígenas, los magistrados del máximo tribunal en Brasilia deberán validar o rechazar la tesis del “marco temporal”. Esta solo reconoce como territorios indígenas aquellos ocupados por ellos cuando se promulgó la Constitución, en 1988.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que valida ese límite temporal. Con ello, se asestó un revés al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien se comprometió a proteger a los pueblos originarios. El texto aún debe someterse a votación en el Senado.
En el STF solo habían votado dos de sus diez jueces —uno a favor y el otro en contra— cuando el juicio fue suspendido en septiembre de 2021. A la espera de la decisión, centenares de indígenas de todo Brasil acampan en la capital desde principios de esta semana. Esto para exigir que se declare inconstitucional el concepto del marco temporal.
Especialistas sostienen que las reservas indígenas juegan un papel fundamental en el combate del calentamiento global, como baluarte contra la deforestación disparada durante la administración del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022).
La demarcación garantiza a los pueblos indígenas el derecho a ocupar sus tierras ancestrales y el uso exclusivo de los recursos naturales, preservando su modo de vida tradicional.
En concreto, el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en Santa Catarina (sur), que en 2009 perdió su estatus de reserva tras una sentencia de primera instancia bajo el argumento de que las comunidades no estaban viviendo allí en 1988.
Este juicio, que puede demorar semanas, se considera clave porque el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa. En abril, Lula aprobó seis nuevas reservas indígenas, las primeras en cinco años, pues Bolsonaro cumplió su promesa de no demarcar “ni un centímetro más” de tierra durante su mandato.
La Constitución de 1988 garantiza a los indígenas “los derechos originales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, las cuales deben ser demarcadas y protegidas por el Estado”.
Estos pueblos consideran que la Constitución reconoce sus derechos sin prever ningún “marco temporal”. También afirman que en muchos periodos se desplazaron de sus territorios. Especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), con lo cual sería imposible determinar su presencia en 1988.
Representantes del agronegocio, motor del crecimiento brasileño, creen en cambio que el “marco temporal” traería “seguridad jurídica” a los grandes productores rurales.
Sostienen que en Brasil, con una población de 214 millones de habitantes, los 900,000 indígenas ya poseen mucho territorio —un 13 por ciento de la enorme superficie del país. Y que si no se adopta la tesis, ese porcentaje ascenderá al 28 por ciento. Una proyección, no obstante, cuestionada por expertos.
Si la tesis del marco temporal se aprueba, a los indígenas podrían expulsarlos de sus tierras si no demuestran que estaban ahí asentados cuando se promulgó la Constitución.
Según la ONG Instituto Socioambiental, casi un tercio de las más de 700 reservas indígenas ya delimitadas en Brasil —la mayoría en la Amazonía— podrían verse afectadas. Expertos alertan de que los pueblos indígenas, que tienen una tradición oral, tendrían además que probar hechos que datan de hace 35 años.
Según Helio Wicher Neto, abogado especialista en derecho socioambiental, la aprobación del proyecto de ley sobre el “marco temporal” en la Cámara de Diputados tiene un alcance “más político que legal”. Lo anterior, porque es la corte suprema la que determinará si es o no constitucional.
“Si el STF declara inconstitucional la tesis del marco temporal, también lo será cualquier proyectode ley que utilice esta tesis como criterio para la demarcación de reservas indígenas”, dijo a la AFP.
Si llega al Senado tras una decisión desfavorable de la Corte Suprema, este texto “no debería pasar la instancia de la Comisión de Constitución y Justicia”, señaló. N
(Con información de AFP)
