El nombre “Hiroshima” personifica el precio que paga la población civil en los conflictos. Aunque muy pocos acontecimientos aislados pueden compararse con una pérdida de vidas tan repentina y masiva, la población civil sigue siendo la principal víctima en las guerras y los conflictos.
Desde la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron una serie de instrumentos legales como el Derecho Internacional Humanitario (DIH) para proteger a civiles en los conflictos. Sin embargo, los gobiernos siguen anteponiendo con demasiada frecuencia otras consideraciones como la lucha contra el terrorismo, la soberanía y las políticas migratorias sobre la protección de las personas en situaciones de conflicto o que huyen de ellos.
Cada día, Médicos Sin Fronteras (MSF) atestigua los impactos de la guerra y el conflicto en la vida de las personas. Desde lesiones físicas y mentales hasta desnutrición, violencia sexual y la destrucción de infraestructuras médicas y sistemas de salud completos. Vemos que sobrevivir a la guerra en 2023 no es más fácil que hace 50 o incluso 70 años.
Esto fue evidente durante las primeras horas del conflicto en Sudán, cuando la mayoría de las personas heridas que nuestros equipos médicos recibieron en El Fasher eran civiles, entre ellos, muchos niños y niñas. Los hospitales tuvieron que cerrar por su proximidad a los enfrentamientos o porque el personal médico no podía llegar a las instalaciones debido a la violencia. Con la escasa capacidad quirúrgica y el agotamiento de los suministros, más de 40 personas murieron a causa de sus heridas en tres días.
A medida que los conflictos violentos continúan cobrándose altos precios entre la población civil, las protecciones del DIH destinadas a salvaguardar a los civiles, la infraestructura y el personal humanitario son cada vez más ignoradas o negadas.
A principios de este año, dos de mis colegas murieron en un terrible ataque contra nuestro equipo humanitario que trabajaba en Burkina Faso. En 2021, perdimos a tres colegas en Tigray, Etiopía, por brutales asesinatos que aún no se explican por completo. Brindar asistencia humanitaria a las comunidades necesitadas nunca debería costarle la vida a nadie.
Los equipos de MSF continúan reclamando el espacio para brindar atención médica vital donde y cuando las necesidades sean mayores. Esta es nuestra razón de ser. Sin embargo, la acción humanitaria que salva vidas y se basa en principios ha sido obstruida cada vez más por los gobiernos, incluyendo a los países del G7, en los últimos diez años. Los países que comprenden el G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos de América y representantes de la Unión Europea.
En el mar Mediterráneo, una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo para las personas que huyen de la violencia, la inseguridad y la persecución, nuestros barcos de búsqueda y rescate han sido detenidos en repetidas ocasiones. Han sido multados y no han podido desembarcar a las personas sobrevivientes en puertos seguros.
Este año, el número de muertes en el mar está alcanzando nuevos récords. Sin embargo, la nueva legislación del gobierno italiano creó una serie de cargas burocráticas que llevó a la detención de nuestro barco, el Geo Barents, a principios de este año.
El gobierno italiano y los de la Unión Europea (UE) deben dejar de criminalizar la migración y la asistencia humanitaria y, en su lugar, permitir que las organizaciones de ayuda como MSF continúen con su trabajo de salvar vidas, acción que estos Estados deberían realizar en primer lugar.
Mientras tanto, en Canadá, las leyes antiterroristas vigentes desde hace más de 20 años nunca han eximido por completo la acción humanitaria. Esto significa que, increíblemente, ha existido el riesgo de que los trabajadores humanitarios canadienses se encuentren en el lado equivocado de la ley mientras apoyan a las personas en escenarios de crisis.
Ahora que Canadá busca actualizar su legislación antiterrorista para facilitar la asistencia internacional en los lugares donde se aplican estas leyes, MSF pide al gobierno canadiense que respete el DIH y aplique una exención humanitaria total en sus leyes antiterroristas. La asistencia humanitaria nunca debe verse restringida por leyes destinadas a tipificar los delitos relacionados con el terrorismo.
Estos son solo dos ejemplos. El aumento de las muertes de personas en movimiento, los muros fronterizos físicos y administrativos, las pésimas condiciones de recepción o detención en muchos lugares deben ser vistos por los países del G7 como un fracaso humanitario bajo su responsabilidad, a menudo en sus propias fronteras.
La asistencia humanitaria debe entregarse a quienes más la necesitan, independientemente del lado de la línea de frente en el que se encuentren. Sin embargo, este principio humanitario fundamental se ve cada vez más cuestionado por marcos jurídicos, discursos públicos peligrosos y acciones sobre el terreno que convergen para criminalizar a quienes intentan brindar ayuda.
Existen resoluciones de la ONU (por ejemplo, la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en 2016) que refuerzan el DIH para proteger la acción médica y humanitaria, y otras están en proceso de elaboración. El tema es que las resoluciones no tienen ningún valor si las narrativas y acciones políticas o antiterroristas reemplazan estos compromisos. Esto seguirá poniendo en riesgo de la intimidación, el daño físico y el encarcelamiento a quienes intentan brindar una atención absolutamente necesaria.
Y lo que es más importante: puede erosionar la confianza que las comunidades necesitan tener en que las y los trabajadores humanitarios son precisamente lo que necesitan y, en última instancia, reducir drásticamente el acceso de las personas a la atención urgente.
Médicos Sin Fronteras sabe muy bien lo que ocurre cuando se cuestionan los principios de la acción humanitaria. El año pasado, cinco de nuestros colegas sufrieron meses de encarcelamiento injustificado en la conflictiva región de Camerún, bajo acusaciones infundadas de complicidad con la secesión.
Pasó más de un año antes de que fueran absueltos. Al día de hoy, se nos impide brindar ayuda humanitaria, ya que las autoridades han suspendido nuestras actividades médicas, privando a miles de personas de atención médica esencial.
En el comunicado anterior a la cumbre, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se comprometieron de forma clara y decidida a apoyar a “las poblaciones vulnerables gravemente afectadas por múltiples crisis” como las de Afganistán, Haití, Ucrania y otros países. Estas palabras suenan huecas por parte de los miembros del G7, que siguen obstaculizando con demasiada frecuencia la acción humanitaria para salvar vidas dentro y fuera de sus propias fronteras.
Para cumplir realmente con sus compromisos humanitarios, MSF pide a los líderes del G7 que protejan a la población civil y trabajadores humanitarios, incluso promoviendo y protegiendo la acción humanitaria basada en principios. Esto también debe aplicarse cuando se trata de apoyo militar a terceros países.
Si las impensables tragedias de Hiroshima nos recuerdan algo, es que los líderes mundiales nunca deben anteponer la política a la humanidad. Hoy, como ayer, hay demasiado en juego. N
—∞—
Christos Christou es presidente internacional de Médicos Sin Fronteras (MSF). Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
