El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, separó a 40 militares destacados en la residencia presidencial luego de prometer una “revisión profunda” del personal tras los ataques del 8 de enero en Brasilia.
La medida fue publicada este martes 17 de enero en el Diario Oficial de la Unión y afecta a funcionarios adscritos a la coordinación del Palacio de la Alvorada, domicilio oficial de los jefes de Estado.
La decisión da continuidad a un anuncio del mandatario que la semana pasada expresó desconfianza sobre algunos militares que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.
Lula, que derrotó a Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre, dijo entonces estar convencido de que hubo complicidad interna y de miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a edificios oficiales en Brasilia exactamente el día en que cumplió una semana de regresar al poder.
El 8 de enero miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y arrasaron el Palacio de Planalto (sede de la presidencia), el Congreso y la Corte Suprema, buscando la caída de Lula.
Destruyeron parte de la infraestructura, vandalizaron las salas del poder y averiaron obras de arte invaluables. “Alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo el presidente el jueves 12 de enero, en referencia a los desmanes en Planalto.
En tanto, Brasilia anunció este lunes 16 de enero un fortalecimiento de la seguridad en las sedes de los poderes públicos vandalizadas, al tiempo que las autoridades detuvieron a uno de los presuntos organizadores del ataque.
Los policías militares en los alrededores de la llamada Explanada de los Ministerios y del palacio presidencial, el Congreso y la corte suprema aumentarán “de inmediato” de 248 a 500, dijo Celina Leao, gobernadora interina del Distrito Federal.
El refuerzo se da “para que podamos tener el máximo de tranquilidad y una seguridad firme”, afirmó Leao en rueda de prensa junto con el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, y el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli. La seguridad del Distrito Federal se encuentra bajo control del Ejecutivo federal por decreto presidencial desde el 8 de enero.
Más de 2,000 personas fueron detenidas, de las que 1,159 continúan detenidas, por los ataques que el gobierno califica de “actos terroristas”, según el último balance oficial.
Más de 800 detenidos ya pasaron por audiencias preliminares. La Procuraduría General de la República presentó cargos contra 39 detenidos que “depredaron e invadieron” las sedes de los poderes y pidió el bloqueo de bienes por 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares). N
(Con información de AFP)
