Las autoridades de Brasil empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo 8 de enero, luego del asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema, en un ataque condenado por la comunidad internacional.
En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington, hace dos años por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo, para observar los desastres causados por inundaciones recientes, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.
“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados. Democracia siempre”, escribió en Twitter.
Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.
Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. #EquipeLula pic.twitter.com/p6dOtuh8S6
— Lula (@LulaOficial) January 9, 2023
La Fiscalía general solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la “responsabilización de los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia. El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”.
“En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.
Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. Pero a su vez el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo. La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al STF ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.
Moraes también ordenó la desocupación total “en 24 horas” de los campamentos levantados frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro. Los manifestantes están descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.
A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña.
Los bolsonaristas pedían una “intervención militar” para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.
Lula denunció un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia” de Brasil anunció castigos legales contra los responsables de los destrozos y “quiénes los financian”. En un tuit, Bolsonaro, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, condenó los “saqueos e invasiones de edificios públicos”.
En otro mensaje el ultraderechista rechazó las acusaciones “infundadas” de su sucesor. Por su parte, Lula declaró que los “discursos” del expresidente de extrema derecha habían “estimulado” a los “vándalos fascistas” a llegar a invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, edificios vecinos ubicados en la denominada Explanada de los Ministerios.
En el mundo, numerosos dirigentes condenaron la toma de las sedes del poder en Brasilia. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo resumió en una palabra: “escandaloso”. Los mandatarios de Francia, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Chile, entre otros, también rechazaron el ataque.
Durante varias horas los bolsonaristas se adueñaron del centro de poder en Brasilia. Aunque las autoridades habían acordonado la zona, los manifestantes lograron abrirse paso a la fuerza, saltar vallas y congregarse en el techo del Congreso, de arquitectura modernista, constató un reportero de la AFP.
Un policía fue tirado de su caballo y golpeado por la multitud. En tanto que al menos cinco reporteros también fueron agredidos, según un sindicato de periodistas, entre los que se cuenta un fotógrafo de la AFP.
La marea humana irrumpió en el Congreso nacional, con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico. Los daños en los edificios, tesoros de la arquitectura, son considerables. Cuadros de un valor inestimable fueron dañados, como “Mulatas”, de Di Cavalcanti, según fotografías que circulan en redes sociales.
De acuerdo con la cadena de televisión CNN, manifestantes incendiaron la alfombra del Congreso, que tuvo que ser inundado para apagar el incendio. Además, miembros del gobierno de Lula denunciaron el robo de armas y municiones del Palacio de Planalto.
Inicialmente sobrepasadas por los manifestantes, las autoridades retomaron el control del centro del poder en Brasilia, luego de que el jefe de Estado colocara las fuerzas del orden local bajo control federal. N
