Entre sus primeras medidas de gobierno, el presidente de Brasil, Lula da Silva, revocó normas que facilitaban el acceso a las armas durante la administración de Jair Bolsonaro, frenó procesos de privatizaciones y restableció medidas de combate a la deforestación en la Amazonía.
En las primeras 24 horas desde la ceremonia de investidura del domingo en Brasilia, el mandatario izquierdista empezó a cumplir algunas de sus principales promesas electorales, tras derrotar al ultraderechista Bolsonaro.
Lula decidió, mediante un decreto, suspender por los próximos 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores (CACs) civiles. Categoría que multiplicó sus miembros con las flexibilizaciones de Bolsonaro y reunía en julio pasado un arsenal de más de un millón de armas. Es decir, casi el triple que las 350,600 registradas en diciembre de 2018, según el Instituto Sou da Paz.
El decreto también redujo los límites para la compra de armas y municiones y suspendió temporalmente el registro de nuevos clubes y escuelas de tiro, que también proliferaron los últimos cuatro años. En la decisión, Lula creó un grupo de trabajo para elaborar un nuevo reglamento para el Estatuto del Desarme, ley impulsada por su primer gobierno en 2003 para desarmar a la población civil.
La nueva medida “busca cerrar el período irresponsable del ‘vale todo’, incompatible con la Constitución”, celebró en Twitter Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Lula.
El izquierdista firmó una serie de decretos que intentan fortalecer la protección de la Amazonía, cuya destrucción anual promedio creció 75 por ciento respecto a la década anterior. Esto durante la administración de Bolsonaro, y de otros biomas.
Lula instituyó una “comisión interministerial permanente de prevención y control de la deforestación”, al mismo tiempo que ordenó reactivar el Fondo Amazonía. Este fue creado en 2008 para captar donaciones destinadas a inversiones de preservación de la floresta. El Fondo Amazonía estaba congelado desde 2019 por diferencias entre los gobiernos de Noruega y Alemania, principales donantes, con la administración de Bolsonaro por la gestión de los fondos.
Noruega anunció en noviembre que reanudará los aportes y en vísperas de la asunción de Lula en Brasilia, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier dijo a medios de su país que liberará 35 millones de euros para el fondo. Lula revocó además un decreto que permitía la minería en áreas indígenas y de protección ambiental.
El nuevo presidente firmó una resolución para mantener el programa de ayudas sociales Bolsa Familia en 600 reales —unos 113 dólares. Una promesa conseguida luego de una trabajosa negociación con el Congreso en diciembre para garantizar recursos excepcionales.
Además, firmó un reajuste del salario mínimo con incremento de 1,212 reales para 1,320 —249 dólares—, decisión que todavía no había sido publicada el lunes. Lula también revocó los procesos de privatización de ocho estatales, entre ellas Petrobras y Correos, iniciados durante la administración del exmandatario Jair Bolsonaro. Durante la campaña, el izquierdista criticó las privatizaciones y advirtió que durante su administración no serían vendidas nuevas estatales.
El presidente determinó revisar en un plazo de 30 días las numerosas decisiones de Bolsonaro que impusieron confidencialidad sobre informaciones y documentos de la administración pública. Estas fueron calificadas como un “retroceso sobre la política de transparencia pública”.
El exmandatario ultraderechista decretó la confidencialidad de documentos públicos por 100 años en varias ocasiones como estrategia para negar el acceso a la información. Un ejemplo de ello fue su carné de vacunación o las visitas a la exprimera dama, Michelle Bolsonaro. N
