Con 251 votos a favor, 206 en contra y una abstención, este jueves 8 de diciembre la Cámara de Diputados de México aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Entre otras disposiciones, el documento establece que se debe elegir de entre las personas magistradas de la Sala Superior a la persona titular de la Presidencia del Tribunal. La decisión se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El dictamen fue aprobado por consenso en las comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción. Sin embargo, de último momento Morena incluyó una reserva que agrega los artículos 5º y 6º transitorios. El 6º establece que, “en el supuesto de que las y los magistrados de la Sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la titularidad de la presidencia, la postulación se realizará, por única ocasión, por orden de prelación, conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género”.
En el pleno, diputados de la oposición denunciaron que, con las modificaciones propuestas, Morena se confeccionó un “traje a la medida” para ocupar la Presidencia del Tribunal.
Hace poco más de un mes, el 4 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un paquete de reformas a la Cámara de Diputados para reducir los requisitos en el nombramiento de los aspirantes a magistrados del TFJA. El 2 de enero de 2023 se renovará esta presidencia, que aún preside Rafael Anzures Uribe.
De acuerdo con analistas, la propuesta de López Obrador rompió con el proceso de renovación de la dirigencia del Tribunal y allanó el camino a la magistrada Natalia Téllez Torres, de la Tercera Sección, electa apenas hace un año, pero quien no cumplía con los requisitos previos al dictamen de ayer. La intención del mandatario eliminó la restricción para que los magistrados de la Tercera Sección del TFJA puedan postularse como candidatos a presidir la institución.
En 2019, AMLO envió al Senado de la República la terna para ocupar los cargos de magistrados para la Tercera Sección, encabezada por Eber Omar Betanzos, Natalia Téllez y Alfonso Pérez Daza. En ese entonces, el presidente destacó la amplia trayectoria y conocimientos de Téllez Torres sobre las materias especializadas de la normativa, que debería aplicar en el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, no fue sino hasta abril de 2021 que el Senado designó a Natalia Téllez como magistrada de dicha sección.
“La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa llama mucho la atención porque modifica las reglas para poder ser magistrado, las flexibiliza, y cambia las reglas para elegir a quien sea presidenta o presidente del Tribunal”, advierte Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en entrevista con Newsweek en Español. “Además, fortalece las facultades del presidente de la república para poder destituir magistrados”.
De acuerdo con Ruiz López, esta modificación a la ley se lee como crear un tribunal a modo y con la posibilidad de que sea influenciado por el Ejecutivo: “En la votación de ayer se estableció en un artículo transitorio que puede ser presidente del TFJA alguien de la sala en materia de responsabilidad de servicios públicos y anticorrupción. Y eso se lee como que el presidente de la república quiere designar al presidente del Tribunal. Eso sin duda preocupa a la comunidad jurídica porque, en lugar de fortalecer al TFJA, se le está debilitando”.
En palabras del presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, la función del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es asegurar la legalidad de los actos que emanan del Poder Ejecutivo en distintas materias, como la fiscal y ambiental, por lo que requiere de autonomía e independencia. “Cada vez que hay un acto que emana del Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando el SAT practica una auditoría a un contribuyente y le determina un crédito fiscal y le dice que le debe equis dinero de impuestos, o cuando una autoridad cancela una concesión, o una autoridad ambiental clausura un negocio, cada vez que esos actos que se emiten, que son de autoridad, se hacen de forma ilegal, el tribunal los puede anular. Entonces, el Tribunal es un órgano de control y contrapeso del Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, cada vez que existe un acto que puede considerarse ilegal o de abuso de poder, los particulares pueden confiar en el TFJA, que es autónomo, sin importar que se esté litigando en contra del Estado, el SAT, una administración de aduanas o contra una autoridad ambiental, porque, si es un Tribunal objetivo, “le va a dar la razón a la ley, y si es la autoridad quien se excedió de la ley, pues va a anular el acto y el contribuyente va a tener plenos sus derechos”.
Por el contrario, añade Domingo Ruiz, si el tribunal es influenciado por el mismo gobierno que emana o que emite esos actos, “imagínate qué calidad de resoluciones podrían existir: de ahí la importancia de la autonomía y e independencia del TFJA”.
—¿Quiénes serían los principales afectados ante la carencia de autonomía en el Tribunal?
—Toda la sociedad. Claro, las empresas que pagan impuestos, los particulares que pagamos impuestos, pero toda la sociedad que tiene cosas que hacer con el gobierno federal: licencias, autorizaciones, permisos, registros, realmente toda la ciudadanía sale perjudicada. Vamos a poner el ejemplo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en este momento está haciendo un papel lejano al que se espera de ella, ¿y quién es la afectada? Pues toda la sociedad.
—Desde el punto de vista de la Coparmex, ¿hay alguna opinión, algún comentario, sobre Natalia Téllez, quien parece ser la principal beneficiaria con la modificación de esta ley?
—Nosotros somos absolutamente respetuosos de todas las personas, de su trayectoria, pero sí creemos que en el interior del Tribunal hay personas con mucha más trayectoria, mucha más solidez, mucha más evolución, para desempeñar un papel en la presidencia del TFJA y que pueda precisamente equilibrar, pelear presupuesto y autonomía, ser firme en sus decisiones. Lo que esperamos es que, en todos los casos, sin importar las personas, tengamos un tribunal autónomo y que obedezca a las decisiones de los mismos magistrados y no de fuerzas externas.
“Básicamente —continúa el empresario—, lo que la sociedad requiere es que el procedimiento de elección sea el idóneo y que no esté manipulado. Que sea institucional y que lo que influya en las decisiones del Tribunal sea el derecho, que sean las decisiones de los propios magistrados y no una influencia o injerencia de carácter político o línea política”.
—¿Históricamente cómo ha funcionado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa frente a la sociedad, cómo ha sido su desempeño?
—Ha tenido un papel muy relevante en la sociedad desde su nacimiento, en 1936, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río. Fue el primer tribunal en donde los pagadores de impuestos podían inconformarse en contra de excesos en materia de impuestos. Este TFJA ha evolucionado y le han dado más facultades. Y quiero añadir que es un tribunal con decisiones profesionales, no se le conocen actos públicos de corrupción. Es un tribunal en donde impera la ley y el derecho, y eso es lo que queremos que siga existiendo. En algún momento hemos criticado que algunos juzgadores habían trabajado en el SAT y a veces sus decisiones eran muy progobierno, pero eso es propio de un proceso pensante, no de una línea política. La línea política sin duda sí es muy preocupante.
—En sentido adverso, si el Tribunal pierde autonomía y muchas personas resultan afectadas, ¿muchas otras podrían resultar beneficiadas, sobre todo las cercanas al gobierno?
—Eso es lo que no queremos. Si alguien no tiene razón, que el Tribunal no se la dé. Si alguien sí tiene razón, que el Tribunal se la dé sin importar si es empresario grandote, chiquito, amigote o amiguito de alguien en el poder. El Estado de derecho consiste en que siempre todos actuemos dentro del marco de la ley, y eso sinceramente es lo que queremos”.
“Por otro lado —añade—, un tribunal débil perjudica al propio Estado. En el TFJA también se litigan asuntos de muchos millones de pesos, y si por una mala decisión en el Tribunal una empresa truena y deja de tener empleos, de pagar impuestos, de generar economía, eso no le conviene al país ni a la recaudación. Al propio gobierno le conviene que las decisiones del Tribunal sean legales, imparciales. El tema de que para los amigos, justicia y gracia y para los enemigos, justicia a secas tiene ya siglos que dejó de existir en este país y no quisiéramos que regrese”.
—Ahora el dictamen está en el Senado de la República para sus efectos constitucionales…
—El proceso legislativo está corriendo. Desde Coparmex apelamos a la responsabilidad de las y los diputados, y después, de las y los senadores, para que tomen una decisión en favor del país y del Estado de derecho, que es donde todos vivimos, nuestras familias, hijas, hijos. Hacemos un llamado claro y contundente a que tomen una decisión sensata en este proceso legislativo y piensen en fortalecer una institución. N
