Lupembe parece una localidad rural a orillas del lago Malaui, pero esconde un oscuro secreto. Hace tres años, un día después de Navidad, una muchedumbre desatada linchó a una familia que estaba en duelo por rumores de que practicaban la brujería.
Este es un ejemplo más de la violencia reinante que el país lucha por contener.
“Cientos de aldeanos llegaron de todas partes para atacarnos”, cuenta a la AFP Walinaye Mwanguphiri, de 36 años, quien escapó a la muerte, pero perdió a su hermano y a sus padres.
La creencia en la brujería está muy extendida en Malaui, uno de los países más pobres del mundo. Ahí casi tres de cada cuatro personas viven con menos de 2 dólares al día, según el Banco Mundial.
Al menos 75 personas sospechosas de practicar la magia negra han sido asesinadas por turbas desde 2019, según la oenegé local Centro por los Derechos Humanos y la Rehabilitación (CHRR).
La semana pasada, los habitantes de Dedza mataron al jefe de una aldea acusándolo de brujería, informó la prensa local.
En 2017, rumores de vampiros chupasangre recorrieron el sur del país, causando la muerte de siete personas y obligando a las autoridades a imponer un toque de queda nocturno, y a la ONU a retirar a su personal de la región.
Sin embargo, las ONG y las autoridades no consiguen ponerse de acuerdo sobre lo que habría que hacer.
En diciembre, una comisión especial encargada de formular propuestas recomendó que se reconociera la existencia de la magia. Actualmente, acusar a alguien en Malaui de ser un brujo es un delito.
La comisión consideró que esta ley, elaborada bajo el régimen colonial británico, parte del principio de que la brujería no existe, lo que va en contra de las convicciones de la mayoría de los malauíes.
“Las creencias no pueden ser negadas por el Derecho”, escribe Robert Chinangwa, juez retirado de la Corte Suprema. “Por consiguiente, la comisión recomienda que la ley reconozca la existencia de la brujería, pero tipifique como delito su práctica”, detalla.
Criminalizar la brujería podría ayudar a calmar a los justicieros que castigan a los sospechosos, según el director del CHRR, Michael Kaiyatsa.
Pero conseguir condenas podría ser tan difícil como encontrar pruebas tangibles de brujería.
El aumento de los recursos destinados a la policía reduciría la sensación de impunidad debido a la escasez de detenciones y enjuiciamientos, afirma.
Pero en Lupembe, a 560 km al norte de la capital Lilongwe, Mwanguphiri no se hace ilusiones. En las orillas del lago, la vida continúa. Los hombres toman sol, esperando que su pesca se seque, mientras que las mujeres lavan los platos y la ropa.
Desde su hogar, una casa con piso de tierra y techo de paja, relata penosamente la trágica secuencia que lo dejó huérfano.
El hijo de su primo había muerto el día anterior, de una enfermedad, y la familia se había reunido para enterrarlo cuando la multitud los atacó.
“Nos acusaron de haberlo matado por brujería”, explica.
El treintañero logró escapar al tumulto. “Sobreviví por un pelo”, detalla. Los atacantes golpearon hasta la muerte a sus padres, a su hermano y a su tía, y destruyeron varias casas antes de dispersarse.
La policía, que no quiso responder a las peticiones de la AFP en relación con este asunto, detuvo a algunos aldeanos, que fueron liberados rápidamente.
Este superviviente aún no entiende qué provocó las acusaciones de brujería. Regresó a la aldea donde cuida de los cinco hijos de su hermano.
“Es difícil vivir aquí después de lo ocurrido”, comenta. “Pero es el único hogar que tenemos, no tenemos ningún otro lugar a dónde ir”. N
