«La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás»: Winston Churchill.
Este domingo 10 de abril se llevará a cabo el anunciado y controversial ejercicio de participación ciudadana de revocación de mandato. La consulta se ha llenado de controversia, desde la falta de recursos en el INE para poder hacerla a todas sus anchas, hasta un franco llamado a no participar por parte de la oposición.
¿Qué es lo que verdaderamente está en juego este 10 de abril? Es una pregunta que merece la pena analizar. Empezaremos por observar que dicho ejercicio, que en su “deber ser” es impulsado por la ciudadanía para revocar el mandato al presidente de la república, en este debut en la vida democrática de México es paradójicamente impulsado por los actores del gobierno y no por la oposición ni por la ciudadanía en descontento con el Ejecutivo.
Por eso pareciera que lo que en verdad se busca es una ratificación. Tener, en números fríos, una aplastante mayoría que refrende al presidente Andrés Manuel López Obrador para legitimar la narrativa de su gobierno en la recta final de su gestión.
La apuesta es arriesgada, ya que, si la participación es muy reducida, seguramente será utilizada por los simpatizantes de la oposición para decir que esa cifra es todo el apoyo popular que le queda a la cuarta transformación.
Por lo anterior, los aspirantes de Morena a la sucesión presidencial han activado toda su estructura. Este 10 de abril, en la consulta, los líderes morenistas serán sometidos a una evaluación interna de quién tiene la fuerza, la capacidad de movilizar y la aceptación de la gente.
Entregar una baja votación y participación que ponga en ridículo al ejercicio mismo o un resultado negativo en sus territorios en la revocación del mandato tendrá consecuencias graves en las aspiraciones de las figuras políticas que desean sentarse en la silla del águila, especialmente en la Ciudad de México.
Asimismo, en la consulta se le da un peso importante a las personas que decidan no participar, ya que los resultados son vinculantes y de carácter obligatorio cuando participe por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
De igual forma, el presidente ha dicho hasta el cansancio que él acatará los resultados pese a que no se logre el porcentaje necesario para hacerlos vinculantes. Y que si el pueblo decidiera que no continúe él se haría a un lado sin importar el número de participantes.
Hace unos días uno de los lideres morales más fuertes de la alianza opositora, Claudio X. González, expuso un decálogo válido de razones por las cuales no participar en la consulta. En uno de sus numerados expone que “no se quiere validar un instrumento que el presidente cuando no esté en funciones pueda utilizar para desestabilizar futuros gobiernos”.
Lo anterior llama mucho la atención, ya que pareciera que se le tiene miedo a la capacidad que tiene Andrés Manuel para movilizar el sentimiento popular. Y que la posibilidad constitucional de tener un ejercicio de participación ciudadana que puede ser trascendental en un futuro en la vida democrática de México resulta incómoda.
Pase lo que pase, Morena en esta ocasión no perderá el poder del Ejecutivo. Si se diera el resultado de que la gente revoque el mandato al presidente, el artículo 84 de la Constitución señala: “En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la república, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará quién concluirá el periodo constitucional”. En el Congreso, Morena y sus aliados son mayoría.
La consulta de revocación ya es una realidad en la vida democrática de México. Puede ser un instrumento muy importante en el futuro, siempre y cuando se tenga un árbitro electoral sólido que la organice. Participar o no participar tiene su peso. La decisión radica en cada persona de actuar con libertad de conciencia, y eso hay que respetarlo. N
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Carlos Jiménez Rodríguez, liberal, librepensador, 34 años de edad, licenciado en cine y televisión, maestro en administración pública, columnista, se ha desempeñado como servidor público en la Ciudad de México y como asesor legislativo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
