“EL USO del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos entre otras figuras públicas es sumamente preocupante”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y urgió regular la venta, transferencia y utilización de esas tecnologías.
A su vez, consideró “extremadamente alarmantes” las informaciones que dan cuenta de un uso generalizado en distintos países del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos y otras personalidades públicas.
En un comunicado, Michelle Bachelet señaló que estas revelaciones confirman “algunos de los peores temores” sobre el uso indebido e ilegal de la tecnología de vigilancia para socavar los derechos humanos de las personas.
“Estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de garantizar una supervisión y autorización estrictas. Sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia”, explicó.
Bachelet explicó que la utilización de software de vigilancia se ha asociado con arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos.
Agregó que, por si eso fuera poco, los informes de vigilancia también hacen que las personas se autocensuren por miedo.
“Los periodistas y defensores de las garantías fundamentales juegan un papel indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciados todos sufrimos”, aseveró.
Bachelet se dirigió a los Estados para recordarles que “las medidas de vigilancia sólo se justifican en circunstancias definidas rigurosamente y con un objetivo legítimo que las haga necesarias”.
Además indicó que los Estado tienen el deber de proteger a las personas de las transgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas.
“Un paso clave para prevenir eficazmente el abuso de la tecnología de vigilancia es que los Estados exijan por ley que las empresas involucradas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sean mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos y establezcan mecanismos de rendición de cuentas más efectivos”, especificó. N
