La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves que los solicitantes de asilo rechazados en procedimientos expeditos no tienen derecho a impugnar su expulsión en un tribunal federal, una decisión celebrada por el gobierno de Donald Trump.
El fallo, apoyado por siete de los nueve jueces de la Corte, favorece a la administración Trump, que busca acelerar la expulsión de miles de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México.
“¡GRAN TRIUNFO para el presidente Donald Trump en inmigración en la Corte Suprema por un amplio margen de 7 a 2!”, tuiteó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.
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El caso enfrentó al Departamento de Seguridad Interior (DHS) con Vijayakumar Thuraissigiam, un miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka que, tras ser arrestado en 2017 en California a metros de la frontera mexicana, solicitó asilo aduciendo persecución en su país.
Thuraissigiam dijo que había sido secuestrado y torturado por funcionarios gubernamentales que amenazaron con matarlo. Pero oficiales de migración en Estados Unidos dijeron no encontrar “un temor creíble” que le impidiera regresar a Sri Lanka y por lo tanto fue puesto en el proceso de “expulsión acelerada”.
La legislación estadounidense permite deportar a extranjeros de forma expedita si son detenidos dentro de las dos semanas de su ingreso al país y están a menos de 100 millas de una frontera terrestre. Si la persona solicita asilo, sin embargo, su caso es evaluado por funcionarios del gobierno, no judiciales.
Thuraissigiam contestó la legalidad de su detención, presentando una petición de recurso de hábeas corpus en un tribunal de distrito. Pero el juez federal no accedió a su reclamo, y luego de la revocación por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, el DHS llevó el caso ante la Suprema Corte.
La máxima instancia judicial estadounidense entendió que la legislación que busca reducir las solicitudes de asilo sin mérito con procedimientos acelerados no viola los derechos constitucionales al debido proceso, por lo que no era necesaria una revisión judicial.
“El Congreso entendió que detener a todos los solicitantes de asilo hasta que se complete el proceso de expulsión en toda su extensión supondría una carga inaceptable para nuestro sistema de inmigración”, dijo el juez Samuel Alito, quien redactó la opinión de la mayoría.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU en inglés), que representó a Thuraissigiam, lamentó el jueves el fallo.
“Esta decisión significa que algunas personas que enfrentan órdenes de deportación defectuosas pueden ser sacadas por la fuerza sin supervisión judicial, poniendo sus vidas en grave peligro”, dijo el abogado de ACLU, Lee Gelernt.
Gelernt había dicho en marzo, durante los argumentos orales del caso, que unos 9,500 solicitantes de asilo estaban en la misma situación que Thuraissigiam, aunque según afirmó, sólo una treintena presentaron peticiones de hábeas corpus durante el período que estuvieron permitidas por la decisión del Noveno Circuito.
