Si te dicen que debes votar por un candidato o partido para conservar tu trabajo, o te presionan con afectar tu salario y negarte futuras oportunidades de ascenso, tienes derecho a levantar una denuncia.
El voto es un derecho libre y secreto, pero estas amenazas también constituyen un delito electoral, según la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
“Cualquier forma que incida y que tenga que ver con un aspecto de jerarquía o de relación sobre la persona que va a emitir el voto, se puede considerar una coacción del voto”, dijo a GatoxLiebre María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la junta local ejecutiva del INE en Baja California y consejera presidencial del consejo local para este proceso electoral.
La institución responsable de investigar estos casos es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), y aunque no tiene delegación en Baja California, tiene presencia en la entidad a través de los ministerios públicos.
“Todos los ministerios son auxiliares en términos de recibir las denuncias en materia de delitos electorales”, explicó María Luisa.
Pero también puedes denunciar por internet o vía telefónica:
“La Fepade lo que hace es integrar un expediente y presentarlo ante la autoridad judicial para que resuelvan si es aplicable una sanción o no”, explicó la representante del INE.
De acuerdo a Ley General en Materia de Delitos Electorales, se impondrán sanciones de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis años a quien solicite votos mediante violencia o amenaza.
Y éstas aumentan si es un funcionario quien coacciona.
Los servidores públicos pueden recibir de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años, si coacciona o amenaza a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por un candidato.
El sector laboral es vulnerable a estos delitos, en la opinión de Cinthya Gómez Tagle, Gestora de Vinculación Universitaria en el Área de Gobernanza de IBERO CDMX-Tijuana.
Comentó que las opciones de los trabajadores se reducen cuando los empleadores piden que fotografíen su voto.
En Tijuana es común encontrar gremios o sindicatos que apoyan a un mismo partido o candidato. Sucede, por ejemplo, en el sector transportista.
“El voto corporativo es tradicional en México. Es por sindicato o por organizaciones que tienen que votar por determinado partido. Ahora está prohibido eso”, dijo Víctor Espinoza, Director del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Pero sin denuncias, no se investiga y no hay castigo para los responsables.
Según el estudio de “Delitos electorales, incidencia y evolución, más allá de los partidos políticos”, publicado por el “Observatorio Nacional Ciudadano, seguridad, justicia y legalidad”, Baja California es una de las entidades que tienen menor incidencia en delitos electorales.
“En el Proceso Electoral 2017-2018 solo se registraron cinco delitos en toda la entidad”, comentó Gómez Tagle, de Ibero Tijuana.
Los delitos electorales más comunes en México, según datos de la federación, son la compra del voto, sufragar con una credencial que no es la propia y presionar el día de la jornada en las casillas para influir en el voto a favor de un partido.
Así como alterar los resultados de la elección, expulsar sin causa justificada a los representantes de los partidos políticos e impedir que se instale, abra o cierre una casilla.
