Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país.
La violación sistemática a los derechos humanos que existe en nuestro país es de tal magnitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esta situación como una “grave crisis de derechos humanos”[1], e incluso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha definido la situación en nuestro país como un “entorno crítico en materia de derechos humanos”[2].
La defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional desde 1992, cuando se facultó al Congreso (con la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra carta magna) para crear organismos especializados que atendieran quejas relativas a actos violatorios de los derechos humanos.
Los organismos de protección a los derechos humanos se encargan desde ese entonces de proteger a la población de las violaciones a sus derechos por parte de alguna autoridad o servidor público.
Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y que el Estado mexicano debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.
No obstante, en México siguen ocurriendo con suma frecuencia abusos de autoridad contra la población, e incluso en este sexenio han tenido lugar casos emblemáticos como:
En Coahuila también existen casos de violaciones a derechos humanos de tal magnitud que ocuparon las primeras planas en los diarios de todo el país:
Además de todos estos casos, en los que se evidenció a gran escala la falta de capacidad para ejercer la fuerza pública, las quejas que consignan la constante vulneración de los derechos humanos suman miles.
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos de 2017 del Inegi, durante 2016 se recibieron 217 mil 718 solicitudes de queja en todo el país. La inmensa mayoría fue interpuesta ante los organismos estatales (el 79%).
Con base en la calificación o el desecho de dichas solicitudes, realizado por los organismos defensores de derechos humanos nacional y estatales, resultó que hubo para ese año 149 mil 959 presuntas conductas de servidores públicos que transgredieron al menos un derecho humano.
Según este censo, el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el que más ha sido vulnerado en nuestro país. Este derecho agrupa un conjunto de violaciones tales como: la detención arbitraria, la retención ilegal, la violación del principio de que las funciones públicas se realicen en el ámbito de la legalidad, la violación al principio de inocencia, entre otros.
Tales violaciones constituyen más del 37% de todas las ocurridas en el país, lo cual involucró un poco más de 56 mil casos registrados en los expedientes.
En 2016 se registraron en Coahuila 3,540 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, es decir, cerca del 2% del total de los casos que ocurrieron a nivel nacional.
Lo anterior coloca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Coahuila como el onceavo organismo defensor de derechos humanos con más hechos presuntamente violatorios registrados en todo el país.
Al igual que lo ocurrido en el contexto nacional, en nuestro estado la trasgresión a los derechos relacionados con la seguridad jurídica y la libertad persona ocuparon el primer lugar.
Se trata de casi 1,100 hechos violatorios, los cuales representan el 31% del total estatal. De la cifra anterior, 540 fueron por detención arbitraria y 385 por violación al principio de la legalidad en el desempeño de la función pública, entre otros más, estos últimos, relacionado con actos de corrupción.
La prevalencia de la corrupción en nuestro estado ya se ha documentado en otros ejercicios estadísticos. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental resultó que el 86% de la población coahuilense mayor a 18 años percibió que la corrupción es frecuente o muy frecuente.
En el caso de Coahuila, las trasgresiones que se relacionan con el derecho a la integridad y seguridad personal se ubican en segundo lugar, ya que sumaron 565 hechos violatorios.
Dentro de este apartado, los tratos crueles, inhumanos o degradantes son los de mayor frecuencia: en Coahuila se registraron 540 hechos que violaron este derecho.
El derecho a la protección de la salud fue el tercero más violado en la entidad, debido a que registró 312 hechos violatorios, seguido de las violaciones a los derechos civiles con 303 casos registrados.
Cabe destacar que en estos cinco derechos humanos se encuentra el 71% de los hechos violatorios en la entidad.
Las violaciones al derecho a la vida son muy relevantes en todo el territorio mexicano. Este derecho incluye las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Si bien las estadísticas de derechos humanos solo documentaron la desaparición forzada de dos personas en Coahuila durante 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró durante ese año la desaparición de 67 personas investigadas por el fuero común, mientras que en el fuero federal se registró un caso.
A nivel nacional, esa cifra ascendió a 4 mil 525 personas investigadas por el fuero común y 45 por el fuero federal.
De acuerdo con ello, durante la última década (entre abril de 2008 y abril de 2018) se registró en el fuero común la desaparición de 1 mil 670 coahuilenses y de 24 en el fuero federal.
La imagen muestra los nombres de las personas desaparecidas desde 1968. El tamaño de cada nombre está relacionado con la frecuencia con la que aparece en la base de datos.
El organismo estatal de derechos humanos reportó que se cometieron 119 actos violatorios al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, lo que lo convierte en el décimo derecho que registró más violaciones.
Sin embargo, entre la sociedad coahuilense los actos discriminatorios van más allá. La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 reveló que, en Coahuila, el 15.7% de la población que tiene 18 años y más fue discriminada por algún motivo como el tono de piel, la manera de hablar, su peso o estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, por su clase social, el lugar donde vive, sus creencias religiosas, sexo, edad u orientación sexual.
El Censo Nacional de Derechos Humanos identificó que 152 mil 807 personas fueron víctimas de al menos una violación a sus derechos. De ese total, 3,540 son coahuilenses (cifra que coincide con el número de hechos violatorios), es decir, el 2% del total nacional.
Esa cifra colocó a nuestro estado dentro de las 11 entidades que más víctimas concentra en todo el país.
De los tratos crueles, inhumanos o degradantes fueron víctimas poco más de 540 coahuilenses, de igual manera, otras 540 personas lo fueron de la detención arbitraria.
En casos como la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública existieron 385 víctimas, de la omisión en la protección contra la violencia y para prestar auxilio cuando ocurre maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual se presentaron 165 víctimas; 160 personas fueron víctimas de la negativa, obstaculización o restricción al derecho de la educación y 155 de la transgresión del derecho a la protección de la propiedad.
La cantidad de quejas que se presentaron ante el organismo de protección a los derechos humanos y la cantidad de hechos violatorios que de ellos han derivado es solo una muestra de la cantidad de arbitrariedades que se comenten.
De ahí el reto y el largo camino que aún queda por recorrer para dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo primero constitucional: garantizar el cumplimiento de todos los derechos que reconoce la carta magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
[1] CIDH, Situación de los derechos humanos en México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html
[2] Entrevista para el programa México Social del 12 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FrDbjA8ggQE&t=738s
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