Las agresiones contra periodistas en el país están incrementando en lugar de disminuir, y la impunidad sigue siendo una constante, afirmó Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“La violencia antes estaba en ciertas regiones, ahora desafortunadamente podemos advertir que hay situación de violencia en otras regiones que no habíamos considerado”, mencionó.
Añadió que cuentan 138 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha; 46 de ellos en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, con ocho víctimas en lo que va de este año.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también tiene registro de 21 periodistas desaparecidos.
Y agredir a un periodista en agravio del derecho a la información que tiene la gente no trae una consecuencia en más del 90% de los casos, tanto en investigaciones federales como locales.
De acuerdo con Rodrigo Santiago, director del programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, cinco estados concentran más del 50% de asesinatos de periodistas: Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua.
Corzo Sosa y Rodrigo Santiago estuvieron en Tijuana presentando la campaña ‘Con violencia no hay libertad de expresión’, junto a la directora del semanario Zeta, Adela Navarro, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera.
La primera de ellas comentó que las agresiones de las autoridades incluyen chantajes mediante la publicidad oficial, negar la entrega de información o entrevistas, y desacreditar a los periodistas.
“Estamos obligados como gremio a solidarizarnos”, comentó la directora durante una de sus intervenciones.
Sobre los asesinatos, la presidenta de la CEDH, Melba Adriana Olvera, dijo que las indagatorias no deben de descartar como línea de investigación la profesión de las víctimas, algo que sucede con frecuencia.
La campaña con anuncios en televisión y radio pretende generar conciencia sobre la situación y respuestas de las autoridades.
Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que las autoridades aceptan las recomendaciones pero no actúan, o simulan que lo hacen.
