La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eduardo García Sánchez, fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de fraude que asciende a los 27 millones de pesos.
Asimismo, la dependencia detalló que Laura María Jaramillo Esparza Farías, cómplice del inculpado, fue sentenciada a cinco años y seis meses de prisión por un fraude que ronda los 4.7 millones de pesos.
Las autoridades recordaron que durante el mes de noviembre del 2012 fueron detectadas compras ilícitas de productos a precios inflados, por lo que fue destapada la red de corrupción de la que eran participes los exfuncionarios.
“Descubriéndose así el fraude y la red de corrupción en la que estuvo coludido uno de los funcionarios que laboraba en la Secretaría de Finanzas y Administración, siendo el sentenciado quien estructuró la forma en que tres empresarias participaron en la comisión del delito antes mencionado, que superó los veintisiete millones de pesos”, indicó la FGE.
De acuerdo con La Jornada, en julio de 2013 fue emitida una orden de aprehensión en contra de Eduardo García Sánchez, tres años más tarde, en julio del 2016, el exfuncionario fue detenido.
Según la información proporcionada por la Fiscalía, el Juez en turno emitió la sentencia condenatoria por el delito de fraude, en la cual, más allá de ordenar la privación de la libertad por 11 años también se estipuló el pago de más de 25 millones de pesos al gobierno de Guanajuato.
Por su parte, Laura María Jaramillo, además de su condena tendrá que pagar 4.7 millones de pesos al gobierno del estado por reparación del daño.
Cabe destacar que el exfuncionario, quien tuvo su cargo durante la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez, se encontraba dentro del listado de los 10 criminales más buscados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE).
La Fiscalía informó que la red de corrupción fue puesta al descubierto luego de que se efectuara una compra de 480 megáfonos por 1.2 millones de pesos, cifra que evidentemente apuntaba a precios inflados.
Finalmente, la dependencia detalló que en 2013 la PGJE arrestó a siete personas relacionadas a la red, quienes utilizaron junto a García Sánchez empresas para cometer fraudes de 2009 a 2013. A finales de 2013 dos personas fueron liberadas por falta de pruebas.
