Lo anterior, luego de que el organismo nacional acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en agravio a la víctima y sus familiares, por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, durante la averiguación.
Después de que la Comisión revisara la investigación ministerial, afirmó que las autoridades “no actuaron con la debida diligencia y omitieron acciones que por su relevancia debieron ordenarse con prontitud desde el inicio de la investigación” para evitar perdida de información acerca de la localización de la víctima y en su caso de los responsables de su desaparición.
Por tal motivo, la CNDH recomendó al fiscal general del estado de Coahuila reparar el daño de forma integral y brindar atención psicológica a los familiares de la víctima, así como inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas. Además, solicitó que se coordine con la PGR para la búsqueda de la víctima y el esclarecimiento de los hechos.
Aunado a esto, pidió que se capacite al personal ministerial en materia de desaparición de personas, atención victimológica, protección de derechos humanos y la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Por último, pidió la colaboración del fiscal con la CNDH para dar seguimiento a la queja que se presente ante la autoridad competente en contra de los servidores públicos que violentaron los derechos humanos de la víctima y sus familiares.
