Mientras el reloj avanza hacia el cierre del periodo legislativo, organizaciones civiles intensificaron su protesta frente al Senado de la República para exigir el rechazo a la polémica iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Al grito de consignas como “¡México, despierta!” y “¡Fuera Morena!”, los manifestantes advierten que el proyecto representa una grave amenaza a la libertad de expresión.
Con pancartas que acusan una inminente censura estatal —“Ley censura, segura dictadura” y “No a la Ley Mordaza”—, los activistas, entre ellos miembros del Frente Cívico Nacional, buscan presionar a los legisladores antes de la fecha límite del 30 de abril.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó inquietudes particularmente en torno al artículo 109, que plantea otorgar al gobierno federal la facultad de bloquear plataformas digitales y transferir el control de concesiones a una agencia estatal. Aunque Sheinbaum ha intentado tranquilizar a la opinión pública al sugerir que ese artículo podría ser modificado o eliminado, sectores ciudadanos y empresariales advierten que los riesgos de censura persisten.
“Que quede claro: nunca ha sido nuestro deseo censurar”, dijo la presidenta al pedir ajustes, pero sus palabras no han disipado las preocupaciones.
Ante el creciente rechazo, el Senado pospuso la votación programada para este lunes. Según Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, se realizará este martes una reunión con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), representantes del sector, el gobierno y especialistas, para revisar la redacción de la ley.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el gobierno federal, encendió alarmas entre organizaciones civiles en Baja California. Desde Tijuana, el Grupo Unidos por Tijuana A.C., encabezado por el Dr. José Antonio Serratos García, advirtió que la propuesta representa una “catástrofe” para los derechos fundamentales de los mexicanos.
“La iniciativa priva al pueblo de su derecho a expresarse libremente”, acusó Serratos, quien cuestionó también la legitimidad de las mayorías legislativas que respaldan al oficialismo. “Ganaron el 54% y hoy controlan el 75% del Congreso. Están legislando a su antojo y esta reforma es una de las más graves”, sostuvo.
Aunque reconoció que actualmente el aparato judicial federal ofrece cierta confianza, advirtió que la renovación de magistrados prevista tras las elecciones de junio podría complicar la defensa de las libertades si la ley entra en vigor sin ser impugnada a tiempo. “Tenemos esperanza porque la transición judicial será paulatina, pero debemos actuar ya”, insistió.
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La posibilidad de un periodo extraordinario también está sobre la mesa, mientras se mantiene viva la presión de un sector que ve en esta legislación un retroceso autoritario bajo el argumento de la transformación digital. N
