Tijuana, B.C.- Las pocas denuncias por parte de la comunidad migrante que reporta la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California son por temor a represalias que tienen las personas en contexto de movilidad que son víctimas de delitos mientras se encuentran en el estado, señalo Judith Cabrera de la Rosa, co directora del albergue Borderline Crisis Center.
Explicó que otra de los factores para que no se animen a denunciar es porque en el Ministerio Público les dificultan el procedimiento para interponer una denuncia.
“El 90 por ciento reporta robo, extorsiones, algunas personas reportan crímenes más graves como secuestros. Las mujeres reportan violencia sexual. Y lo que vemos muy preocupante es que muchos de estos casos son crímenes cometidos por las mismas autoridades, a veces la Policía Municipal de cada lugar, el Instituto Nacional de Migración, han reportado a la Guardia Nacional”, compartió la también activista, sobre lo que les indica la comunidad que llega al albergue.
Además, comentó que no han identificado algún grupo del crimen organizado responsable de agredir a las personas migrantes, pero sí existe la sospecha que, quienes cometen estos delitos, ya conocen las rutas que sigue la comunidad para llegar a Baja California, así como las personas que acaban de ser deportadas desde Estados Unidos.
Sobre el trato que reciben en el Ministerio Público indicó que no les toman las denuncias porque no pueden identificar a la persona que los agredió. Otro de las cosas que les piden es el domicilio del agresor, y a falta de esos datos no les permiten interponer la denuncia por el delito cometido.
De igual manera, la codirectora de Borderline Crisis Center detalló que la comunidad migrante se sabe desprotegida en México y sin acceso a sus derechos, por estos motivos, cuando son víctimas de autoridades no denuncian por temor a las represalias que puedan sufrir. N
