El embarazo adolescente no sólo es un problema de salud pública, sino además un fenómeno social que va emparejado a otras situaciones como la falta de educación sexual, la violencia hacia las mujeres, pobreza y deserción escolar.

En este último punto, el embarazo en adolescentes es una de las principales causas de abandono de los estudios, por lo que se han establecido algunos programas y estrategias de gobierno para reducir la deserción por este motivo.

Sin embargo, en los años recientes algunas de estas acciones han sido objeto de recortes presupuestales y modificaciones en sus reglas de operación, limitando el acceso de las adolescentes embarazadas que desean terminar sus estudios.

Una de ellas es la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas del Programa Nacional de Becas (PROMAJOVEN), dirigida a mujeres de entre 12 y 18 años de edad de cualquier estado civil que sean madres, o se encuentren en estado de embarazo y que deseen continuar sus estudios de primaria o secundaria.

El apoyo es de 850 pesos mensuales por un plazo de 10 meses, según las reglas de operación.

Sin embargo, desde el año 2017 el presupuesto destinado a las becas PROMAJOVEN en Aguascalientes ha disminuido, recortando de forma proporcional la cantidad de mujeres beneficiarias.

Según datos proporcionados por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) a través de la solicitud de información de folio 00082521, en 2017 el presupuesto asignado al programa fue de un millón 549 mil 635 pesos, con lo que se pudo apoyar a 246 adolescentes embarazadas.

En 2018 se hizo un esfuerzo mayor por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se amplió el recurso a un millón 570 mil pesos, lo que permitió sumar a 15 mujeres más al programa, contabilizando 261 beneficiarias.

Sin embargo, con la nueva administración federal, las becas PROMAJOVEN fueron de los sectores más marginados, al destinarse sólo 623 mil pesos para 117 beneficiaras en 2019.

Finalmente, en 2020, la pandemia del Covid-19 terminó por asestar un recorte más al presupuesto, al asignarse 502 mil pesos para Aguascalientes, con lo que únicamente se pudieron apoyar a 22 estudiantes embarazadas, lo que significó una reducción del 91% en el número de beneficiarias en los últimos cuatro años.

beneficiadas

Embarazo adolescente no figura en la política educativa: especialista

En los últimos cuatro años, el Hospital de la Mujer reporta 4 mil 973 nacimientos en adolescentes de entre 12 y 18 años de edad, que en su mayoría son mujeres de entornos de alta marginación, poco acceso a la educación sexual, esferas de violencia y falta de responsabilidad del padre.

A pesar de que la cifra de embarazos adolescentes se ha mantenido constante en los años recientes, sin variaciones importantes, en Aguascalientes se sigue careciendo de un marco normativo que permita el desarrollo integral de las adolescentes y de sus hijos, lo que tiende a repetir los patrones de pobreza, violencia y falta de oportunidades.

En materia educativa, aunque se han dado importantes avances para la inclusión de las mujeres embarazadas, aún se siguen teniendo lagunas en la legislación y en la infraestructura necesaria para las mujeres que se encuentren en esta condición, según señala la maestra en Política Pública y Género, Rosa Elena Anaya Villalpando.

Entre los principales aspectos que siguen sin considerarse en el sistema educativo se encuentran la falta de estancias o guarderías para la atención de los hijos de las estudiantes, la asistencia médica dentro de los seguros escolares y la adecuación de la normatividad para facilitar la reincorporación de las alumnas a las aulas.

“Las mujeres se enfrentan a múltiples dificultades, sobre todo en el tema de los cuidados, porque el seguro al que tienen acceso todos los estudiantes mexicanos no cubre el tema de guardería, no solamente la asistencia médica previa al embarazo y en el alumbramiento, la asistencia médica posterior al embarazo para los niños ya no lo cubre el seguro de estudiante”.

Anaya Villalpando realizó en 2018 la tesis de maestría “Terminar la prepa: análisis de la implementación de acciones que garanticen el derecho a la educación de estudiantes embarazadas o madres del nivel medio superior en Aguascalientes”, en la que realizó una investigación a 17 estudiantes de bachillerato embarazadas, docentes y personal administrativo de una comunidad rural y otra urbana, llegando a varios hallazgos relevantes.

Entre ellos se encuentra el desconocimiento de la norma, la falta de implementación de medidas de apoyo para garantizar el derecho a la educación, así como la falta de reconocimiento de las adolescentes embarazadas como personas titulares de derechos, falta de recursos económicos y materiales.

“La normatividad de las escuelas no está adecuada para que una mujer se embarace, por ejemplo tengo documentados casos de chicas que, a ocho días de la cesárea tuvieron que regresar a las aulas con todos los riesgos para la salud que eso implica y es una grave violación a los derechos humanos, un caso de estos tiene la potencialidad de llegar a un tribunal internacional”, destacó.

En ninguna de las comunidades analizadas se contaba con algún esquema de acompañamiento académico que permita la regularización y reintegración de las alumnas tras el parto, lo que deriva en rezago académico y deserción.

En 2015 se reformó la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes para instaurar el deber de cualquier institución educativa para facilitar el reingreso, la permanencia y el regreso de estudiantes en condición de embarazo y maternidad, a raíz de que algunas instituciones de educación limitaron el acceso de las estudiantes embarazadas y madres, e incluso algunas de ellas fueron expulsadas.

“Esto no ha permeado en las escuelas, las normativas administrativas de los subsistemas de bachillerato y de los reglamentos interiores siguen siendo inflexibles y siguen sin considerar esta condición de las estudiantes, por ejemplo sólo se contemplan en algunos casos hasta 15 faltas, cuando una mujer embarazada requerirá más de ese lapso para recuperarse, no hay esquemas alternos o flexibilidades para que se materialice lo que indica la Ley de Educación, ni tampoco hay establecidas sanciones para las instituciones que no las acaten”.

Asimismo, siguen prevaleciendo acciones de violencia de género y discriminación hacia las jóvenes embarazadas, tanto por sus compañeros, como por los docentes y personal administrativo, siendo juzgadas o excluidas, ante la falta de acciones de cambio de las percepciones y prejuicios hacia el embarazo y la maternidad

“Seguimos viendo a las adolescentes como responsables únicas de esta situación y dejando de lado que el embarazo adolescente tiene múltiples factores, es un fenómeno multifactorial, y que es el Estado quien tiene una responsabilidad importante en la garantía de los derechos humanos de las mujeres embarazadas y madres”, concluyó.