Entre los cambios más importantes celebrados en 2017 está la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). El organismo fue presidido durante los últimos cuatro años por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, cuyo relevo -hasta el año 2021- es el ex director del periódico El Heraldo, J. Asunción Gutiérrez Padilla.
La designación de los llamados “ombudsperson” en Aguascalientes ha estado rodeada de especulaciones políticas. El 16 de enero de 2014, Martín Jáuregui tomó protesta como presidente de la CEDH, luego de ser designado por 21 votos a favor de los 27 legisladores, en su mayoría priistas y fue asediado por señalamientos debido a su supuesta cercanía con el entonces gobernador -también de filiación priista- Carlos Lozano de la Torre.
Tras el cambio de administración en el gobierno del estado, no se logró el acuerdo político para su permanencia en el cargo por otro periodo.
Cuatro años después, los 21 votos a favor que los legisladores locales -en su mayoría panistas- dieron a Gutiérrez Padilla confirmaron un acuerdo político que desde días anteriores a su designación se habría estado cocinando y cuyas filtraciones se publicaron en los titulares de los medios de comunicación.
Desde agencia de colocación para partidos políticos hasta la defensora de los criminales, la CEDH ha pasado por todo tipo de señalamientos, pero desde la perspectiva de asociaciones civiles como el Colectivo Sergay y el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), además de los titulares de la Comisión, este organismo descentralizado ha cobrado fuerza y reconocimiento en la agenda pública.
“El Observatorio tuvo contacto cotidiano con la CEDH por los procesos que acompañamos. Pudimos observar que existió un trabajo muy cercano con algunas organizaciones y me parece que en ese sentido se fortalecieron las alianzas, pero es necesario fortalecer a la Comisión para la intervención permanente en algunos puntos del ejercicio policiaco y de las escuelas” , dijo Mariana Ávila, coordinadora del OVSG.
Mientras que Julián Elizalde, coordinador de Sergay consideró que “el ombudsperson que sale se sensibilizó, aprendió. Creemos que para nuestra comunidad hizo cosas emblemáticas”.
Ambos abogados y notarios públicos, el ex Ombudsperson y su sucesor en la CEDH hablaron a Newsweek Aguascalientes de los temas pendientes y los planes futuros para fortalecer la defensa de los derechos humanos en el estado.
El funcionario: Jesús Eduardo Martín Jáuregui
Pese a su controvertida designación, Jesús Eduardo Martín Jáuregui se convirtió en una pieza fundamental en la defensa de los derechos humanos durante los pasados años, ganándose la confianza de diversas organizaciones civiles.
Martín Jáuregui ha sido servidor público desde los 22 años de edad -pasando por entes públicos como el Instituto Estatal Electoral, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Poder Judicial del Estado- para él, los principales problemas de Aguascalientes en torno a los derechos humanos se resumen en tres: las adicciones, la falta de capacitación en elementos de seguridad y el poco conocimiento de la sociedad sobre las tareas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Desde la tortura hasta el suicidio, para Martín Jáuregui las adicciones toman un papel central en la solución a esas problemáticas y acentúan la necesidad de un centro de rehabilitación público que permita atender a los afectados.
“Tenemos casi 300 anexos, de los cuales sólo la cuarta parte están registrados y regulados por el Instituto de Salud. Los demás trabajan al margen de la legislación, cumpliendo una función social sin la preparación para hacerlo. Nuestro reto es un programa de atención a los adictos; desde los 8 años de edad tenemos iniciación en el consumo de drogas y muchos de los asaltos son cometidos por adictos. Esto no se ataca con golpes, arrestos, tortura o desapariciones. Además, el tema de los suicidios tiene una constante: personas que tuvieron adicciones y por consecuencia problemas de depresión”, explicó.
El empresario: Asunción Gutiérrez
Sus poco más de 30 años como director del periódico El Heraldo permitieron que Asunción Gutiérrez Padilla mantuviera un acercamiento constante con las principales figuras políticas de la entidad. Para las ONG, el nuevo ombudsperson de Aguascalientes llega a la CEDH con un reto: mantenerla autónoma.
Entre la lista de prioridades del ahora presidente del organismo autónomo, destacan fomentar la cercanía con las organizaciones civiles, trabajar en conjunto con el Congreso del Estado, firmar alianzas con los medios de comunicación y ser un ente que armonice y no un “verdugo”.
Gutiérrez Padilla espera consolidar un plan de trabajo con el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para integrar materias de derechos humanos en la educación básica.
“Los integrantes de una familia y la sociedad en general deben conocer sus derechos humanos y fundamentales porque conociéndolos estarían en condiciones de reclamar cuando les son violentados o de respetarlos frente a terceros. Es necesario difundir, divulgar y promover la educación y cultura de los derechos humanos”, consideró Gutiérrez Padilla.
Sobre las denuncias por tortura -que durante el 2017 fue la principal problemática denunciada con 104 quejas, según el último informe de la CEDH-, el nuevo defensor de los derechos humanos dijo creer que acordar una supervisión de la Comisión a las tareas de seguridad puede disminuir las agresiones a personas detenidas.
“La tortura solamente le es imputable a las autoridades. Es un problema que se debe prevenir equipando a las corporaciones policías de tecnología para que las investigaciones no sean a la antigua, para que no se arranquen declaraciones con violencia. Hay que capacitar a las corporaciones policiacas en materia de derechos humanos, haciendo acuerdos para que sus acciones estén supervisadas por la CEDH para que actúen dentro del marco de la legalidad”, consideró.
La segunda mayor problemática durante el año pasado fue por violaciones a la integridad personal con 81 quejas, seguido de violación a la libertad y seguridad personales con 49 quejas y violación al derecho a la honra, con 25.
En la lista también aparecen también violaciones a la igualdad y la no discriminación con 15 quejas, y violaciones al derecho de las personas privadas de su libertad, con 13 quejas.
Además, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que de 2015 a 2016 aumentaron las denuncias por violación a los derechos humanos en Aguascalientes, pasando de 573 a 828.
Fragmento del texto publicado en la edición impresa de enero
