Más de dos años después, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado, después de que se acreditaron actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes así como violación a los derechos humanos de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, de Tiripetío, Michoacán, en hechos ocurridos el 9 de junio de 2017.
En rueda de prensa, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) -organización que brindó acompañamiento a las víctimas- informó que finalmente se lograron acreditar responsabilidades de elementos de la Policía Municipal, que amenazaron, agredieron y detuvieron de forma arbitraria a cerca de 30 normalistas de Tiripetío.
Los estudiantes michoacanos se encontraban en Aguascalientes para apoyar las manifestaciones de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, de Cañada Honda, quiénes mantenían un conflicto con el Instituto de Educación de Aguascalientes, en el que reclamaban que la autoridad educativa pretendía reducir la matrícula de la normal a 100 lugares, así como convertirla en una escuela mixta, para hombres y mujeres.
De acuerdo a la recomendación de la CDHEA, el 09 de junio se acreditaron agresiones de los policías municipales desde que los estudiantes michoacanos salieron de la Normal de Cañada Honda, con rumbo hacia su lugar de origen, toda vez que ya se había llegado a un acuerdo favorable con el IEA.
Sin embargo, de acuerdo al abogado que intervino en el caso, Alejandro Sánchez Laguna, los policías municipales y estatales implementaron un operativo premeditado, en el que buscaron intimidar a los estudiantes durante su trayecto, “acatando órdenes de sus superiores”.
“Ese día salieron los normalistas de la escuela de Cañada Honda, y alrededor de la escuela y de la comunidad estaba infestada de policías, de policías en motocicleta del grupo Centauro, del Grupo de Operaciones Especiales, y vinieron escoltando a los jóvenes y los condujeron hasta llegar a la Carretera Panamericana, en donde fueron agredidos por primera vez. En los videos aparecen policías encubiertos, aparecen policías golpeando a los camiones con palos y piedras”.
Posteriormente, al llegar al cruce entre el Boulevard a Zacatecas y Tercer Anillo, los policías obligaron al camión de los estudiantes a desplazarse hacia la Col. Constitución, en donde después de cerrar varias calles, los obligaron a bajar del autobús para luego agredir físicamente a algunos de ellos, detener a otros y forzar a que otros más buscaran refugio en viviendas del fraccionamiento.
Alrededor de 30 estudiantes fueron detenidos, pero ninguno fue puesto a disposición de un juez municipal o ante el agente del ministerio público, según consta en los reportes policiales, añadió Sánchez Laguna.
“Lo que hicieron fue esconder a muchos estudiantes. Durante todo ese día detuvieron a cerca de 30 estudiantes, los estuvieron torturando, golpeando, e incluso los estuvieron amenazando que seguirían la misma suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero jamás fueron puestos a disposición de ninguna autoridad competente”, aseveró.
Debido a los actos de tortura, varios jóvenes resultaron con fracturas en piernas o brazos, e incluso uno de ellos, de nombre Alan Sebastián Alvarado Hernández, perdió un ojo al recibir una pedrada.
A pesar de que el material audiovisual que acreditaba las agresiones de los elementos policíacos en contra de los estudiantes, fue entregado a los pocos días de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación sobre el caso, situación que lamentó Mariana Ávila Montejano, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género.
“Se recabó todo los ocurrido en material audiovisual y se envió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.
Resolutivos de la recomendación
A continuación se señalan los resolutivos de la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado:
En los resolutivos de la CDHEA se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a brindar una mayor y mejor capacitación en materia de derechos humanos a sus elementos, a fin de evitar nuevos casos de tortura.
Un aspecto que llamó la atención para los activistas fue que en la recomendación no se incluyera a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya que también tuvieron participación en el operativo del 9 de junio de 2017, agregó Wilfrido Salazar, abogado del observatorio.
“No se hace ninguna observación a los cuerpos de seguridad estatal y que, seguramente, tendrán que cumplir las recomendación los cuerpos de seguridad pública municipal”.
Buscan inhabilitación de policías municipales involucrados en casos de tortura
Aunado a la recomendación del organismo de derechos humanos, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género solicitan que se inhabilite de sus funciones a los dos principales policías municipales imputados en los actos de tortura que a pesar de que ya no se encuentran en la corporación, más adelante podrían volver a ocupar un cargo público.
“No por el hecho de que ya no estén presentes las dos personas a quienes se les imputa mayor responsabilidad, que se pueda decretar su inhabilitación, porque en cualquier otro caso ya nada más la persona se retira de la instancia si comete algún abuso de poder, y eso se llama impunidad, porque finalmente no paga por las acciones que cometió y tampoco se está desenmarañando quien dio las órdenes en ese operativo”, comentó Wilfrido Salazar.
Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado que dé seguimiento a la carpeta de investigación CI/AGS/10623/06-17 que se abrió después de los hechos ocurridos, y que hasta el momento se mantiene suspendida.
“Una carpeta de investigación avanza, o se detiene, conforme a la voluntad de la Fiscalía, y si la Fiscalía no tiene la voluntad de avanzar, no lo va a hacer, pero con esto prácticamente se le está dando materia a la Fiscalía para que continúe con esa carpeta de investigación”, concluyó el abogado Alejandro Sánchez Laguna.
