Con el voto unánime de las y los legisladores, el Congreso del Estado de Durango aprobó la reforma a la Constitución Política local para incorporar la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La medida establece que las personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o que no cumplan con obligaciones alimentarias no podrán acceder a cargos públicos.
La iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales y forma parte del proceso de armonización legal con la reforma al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Durante la discusión en el pleno del Congreso, legisladoras y legisladores de distintas bancadas expresaron su respaldo a la reforma. El coordinador del PAN, Alejandro Mojica Narvaez, enfatizó que la política debe ser un espacio para servir y no un refugio para personas con antecedentes que afecten a terceros.
Por su parte, la diputada Sandra Amaya Rosales, de Morena, destacó que se trata de una medida necesaria para proteger a las familias duranguenses y garantizar que quienes ocupen cargos públicos tengan una conducta congruente con los principios de justicia y responsabilidad.
Señaló que, con la aprobación de la iniciativa 3 de 3, Durango se suma a los estados que implementan mecanismos legales para evitar que personas con historial de violencia o incumplimiento alimentario ejerzan funciones públicas.
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