Marwa huyó de Afganistán porque quería estudiar, trabajar, usar pantalones e ir al parque sin la compañía obligada de un hombre. Ahora, encerrada en un refugio en Costa Rica con un centenar de deportados por Estados Unidos (EUA), teme que la hagan volver: “Me matarán los talibanes”.
Tras las rejas del Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá, esta afgana de 27 años dice, fuera de cámaras y bajo nombre ficticio, que su esposo también corre peligro y que su niña de dos años no tiene futuro en Afganistán.
“Si vuelvo, moriré. Me matarán los talibanes. Perdí a mi padre y a mi tío allí. Escuché explosiones y vi muertos. No quiero perder a mi marido ni a mi bebé”, comenta a la agencia de noticias AFP, entre matorrales, en un punto sin vigilancia policial.
Marwa, su esposo Mohammad Asadi y su hija son parte de 200 migrantes —unos 80 de ellos niños-—de Afganistán, Irán, Rusia y otros países asiáticos y algunos africanos que Estados Unidos envió hace un mes en dos vuelos a Costa Rica.
El gobierno de Donald Trump cerró las vías legales de entrada a Estados Unidos, suspendió planes de refugio e inició una cacería de migrantes para deportarlos.
Además de Costa Rica, mandó 300 asiáticos a Panamá y 238 venezolanos a El Salvador, que fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad, alegando, sin pruebas, que integraban la banda criminal Tren de Aragua.
De quienes llegaron con Marwa, 74 fueron repatriados, 10 regresarán pronto y más de un centenar espera en un limbo; rechazan retornar a su país. Sin embargo, ningún otro, incluido Costa Rica de larga tradición de refugio, les ha dado asilo.
“No podemos volver y tampoco quedarnos aquí. No conocemos la cultura ni hablamos español. No tenemos familiares como en Canadá, Estados Unidos o Europa”, dice Marwa, que lleva un hiyab de tejido ligero por el calor húmedo del trópico.
A su esposo Asadi, de 31 años, vender materiales de construcción a compañías estadounidenses lo puso en la mira cuando los talibanes volvieron al poder en 2021.
Ambos salieron hacia Irán, donde todo fue también difícil. Dos años y medio después viajaron a Brasil y emprendieron por tierra la travesía por una decena de países —incluida en Panamá la peligrosa selva del Darién— hasta llegar a Estados Unidos.
“Hay muchos cárteles por el camino que nos quitaron el dinero y nos torturaron física y mentalmente”, relata Alireza Salimivir, un iraní de 35 años que hizo con su esposa una odisea similar. Ella quedó detenida en Estados Unidos en proceso de deportación, pero Salimivir espera reencontrarla pronto. Para ambos la repatriación tampoco es opción: “Por nuestra conversión del islam al cristianismo nos darán cárcel o muerte”.
Deportado con su esposa y su niño de seis años, German Smirnov, de 36, cree que en la Rusia de Vladimir Putin sería “torturado” por denunciar anomalías que dice vio de observador en las elecciones de 2024. “Me darán a elegir: ir a prisión o a la guerra”, afirma.
Cuando estuvieron detenidos para ser deportados, recuerda Asadi, oficiales estadounidenses ofendieron a Marwa por usar hiyab. “Trataron a mujeres y niños como escoria”, agrega Smirnov.
En el Catem, 350 kilómetros al sur de San José, tienen buena comida y celulares, pero sus pasaportes están retenidos por la policía y no les permiten salir, pese a no tener antecedentes criminales.
“Hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos en un país que siempre se ha preciado de defenderlos. Es un gravísimo retroceso para Costa Rica”, declaró el exdiplomático Mauricio Herrera, que presentó un habeas corpus (recurso legal que protege la libertad personal) a favor de los deportados.
Al justificar el acuerdo con Washington, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo estar “ayudando al hermano poderoso del norte”. “Costa Rica no debería ser cómplice de los flagrantes abusos de Estados Unidos”, advirtió Michael Garcia Bochenek, de Human Rights Watch. Según varios deportados, las autoridades les dijeron el miércoles que si obtuvieran refugio deberán dejar el albergue. Así hizo Panamá con decenas que, tras recluirlos en un centro en el Darién, dejó libres, abandonados a su suerte.
Marwa no sabe qué pasará, pero está segura de no querer llevar burka ni quedarse en casa cocinando y criando bebés. Mucho menos desea ese futuro para su hija.
“Todo está cerrado para las mujeres: las escuelas y universidades. No es normal. Soy un ser humano, elijo y quiero estar así”, comenta luego de mostrar sus pantalones. N
(Con información de AFP)
