Mientras el mundo se estremecía con el horror de Teuchitlán, Jalisco, donde un rancho del crimen organizado funcionaba como centro de reclutamiento forzado, en Tijuana se descubría un cráneo abandonado en plena calle. No es un caso aislado. A pocos kilómetros, en Mexicali, el rancho “Los Huesos” se convirtió en otra pieza de un rompecabezas macabro: cientos de restos humanos, señales de tortura y rastros de desapariciones forzadas.
Para Paula Sandoval, activista y madre buscadora, el caso de Teuchitlán es solo una muestra del terror que se vive en todo el país. “Las fosas clandestinas, los hornos del narco y los desaparecidos están en todos los estados”, denuncia. Su hermano, Jesús Daniel Sandoval León, desapareció en 2020, víctima de un secuestro en Tijuana. Como muchas familias, su lucha no solo es contra el crimen, sino contra un sistema que minimiza la crisis.
Los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación reportan más de 2,200 denuncias activas por desaparición en Baja California, pero activistas advierten que la cifra real podría superar las 24,000. Muchos no denuncian por miedo o porque simplemente las autoridades ignoran los casos.
Los Huesos: el cementerio clandestino en Mexicali
El rancho “Los Huesos”, en la colonia Ladrillera de Mexicali, es otro escenario del horror. Entre montañas de llantas y ladrillos, los colectivos de búsqueda encontraron más de 300 restos humanos en 2023. Gonzalo Moreno, quien perdió a su hijo Kevin en 2022, señala que los criminales han perfeccionado sus métodos: ahora exhuman cuerpos para cremarlos en hornos clandestinos, eliminando cualquier rastro de sus crímenes.
Los activistas han recurrido a tecnología avanzada, como drones y georrastreos satelitales, para ubicar fosas. En 2024, estos métodos han llevado al hallazgo de 23 puntos positivos de restos humanos entre Baja California y Sonora. Sin embargo, la respuesta gubernamental sigue siendo lenta, y en algunos casos, inexistente.
Una crisis politizada
Lejos de reconocer la magnitud del problema, el gobierno ha minimizado las denuncias. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las críticas como parte de una “campaña política”, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, puso en duda la autenticidad de las evidencias encontradas en Teuchitlán.
“Nos acusan de politizar, pero nosotros solo queremos encontrar a nuestros hijos”, responde Soraya, madre de Kevin. Para los colectivos, la mayor amenaza no solo es el crimen organizado, sino la impunidad y la indiferencia del Estado.
En un país donde cada búsqueda es una carrera contra el tiempo, el hallazgo de un nuevo campo de exterminio solo refuerza una dolorosa verdad: en México, los desaparecidos no dejan de aumentar, mientras las respuestas siguen sin llegar. N
Con información de Animal Político.
