En los últimos años, en México diferentes funcionarios públicos, desde senadores hasta diputados locales, han presentado iniciativas para legislar el stealthing, una práctica sexual que atenta contra la autonomía de las víctimas al incumplir las condiciones previamente acordadas respecto al uso del condón durante el acto sexual.
El stealthing consiste en no utilizar el preservativo durante una relación sexual, dañarlo o quitárselo sin consentimiento de la pareja o sin que la pareja se dé cuenta. Con esta acción se ataca la integridad sexual de la víctima al ser una modificación unilateral y no consentida de las condiciones establecidas previamente.
El origen del término es inglés y deriva de la palabra stealth, que significa “sigilo, ocultación o acción furtiva”. Aunque el origen se encuentra en ciertos círculos homosexuales de Estados Unidos, la abogada Alexandra Brodsky fue quien masificó el concepto en los círculos académicos en 2017.
En 2018, tres años antes de que Australia comenzara a considerar el stealthing como un delito sexual, la Universidad de Monash publicó un estudio con más de 2,000 personas en donde una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que habían tenido relaciones sexuales con hombres habían sido víctimas de la práctica.
Una particularidad de esta agresión es que no existe violencia física o intimidaciones, el daño recae en la trasgresión al consentimiento previo, lo que reduce la libertad sexual de la víctima.
Ante cualquier discusión o duda que ha surgido sobre la relevancia de contar con herramientas legales, diversos especialistas señalan la importancia de recordar que el consentimiento no solo se refiere al acuerdo para sostener relaciones sexuales, sino que también abarca los términos, maneras y métodos de protección que se usarán para ello, aspectos en donde la integridad y deseos de ambas partes deben ser respetados.
En el stealthing existe el consentimiento para tener relaciones sexuales con preservativo. La agresión ocurre cuando una sola de las partes decide llevar a cabo el acto sin cumplir dicha condición, lo que tiene repercusiones psicoemocionales en las víctimas (quienes son propensas a padecer ansiedad, depresión, estrés y desconfianza). Además, aumentan las probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) o experimentar embarazos no deseados.
Según la ginecóloga Sumayya Ebrahim, esta práctica se arraiga en la misoginia, pues quienes la realizan están motivados por su satisfacción y la necesidad de reconocimiento a su identidad, como evidencia de su virilidad, asociada a su sexualidad y rendimiento sexual.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe el caso de una subcomunidad en línea que ha promovido esta conducta con fines degradantes y misóginos bajo la idea de un supuesto derecho a “difundir la propia semilla”.
Si bien en nuestro país esta práctica no está legislada ni se reconoce como una forma de agresión, iniciativas al respecto han estado presentes en las dos cámaras del Poder Legislativo y en congresos locales.
En 2021, por ejemplo, el diputado Martín Espinoza presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión al artículo 199 BIS del Código Penal Federal para sancionar de tres a ocho años de prisión y 80 días de multa a quien no utilice o se quite el preservativo durante las relaciones sexuales sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.
Mientras tanto, en noviembre de ese mismo año el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa similar, en donde, además de considerar delito la retirada del preservativo sin consentimiento previo, se contemplaba un aumento en la pena en caso de que el acto diera como resultado embarazo o contagio de enfermedades de transmisión sexual.
En abril de 2022, el senador Mario Zamora propuso adicionar un quinto párrafo al artículo 260 del Código Penal Federal en materia de stealthing. La iniciativa pretendía señalar como culpable de delito de abuso sexual a quien “antes o durante la cópula y sin consentimiento de la otra persona retire algún método anticonceptivo; o dañe el método anticonceptivo que se utilice; o, quien mediante engaño afirme utilizar algún método anticonceptivo”.
Asimismo, congresos locales como el de la Ciudad de México, Puebla y Estado de México han discutido sobre la relevancia penal de reconocer esta práctica como un delito. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las iniciativas ha prosperado como decreto con posibilidad de entrar en vigor.
Australia no es el único país en donde ya se han penalizado casos de stealthing. Suiza fue la primera nación en aplicar una condena por este delito en 2017. En 2018 Suecia emitió su primera condena y aprobó una ley de consentimiento afirmativo en la que se considera el stealthing como una violación.
En febrero de 2023, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania (Bundesgerichtshof, BGH) determinó que el acto de stealthing es punible como agresión sexual.
Por su parte, en España, donde el término llegó en 2019, el stealthing se ha consolidado como una agresión contra la libertad sexual. Una sentencia pionera del Tribunal Supremo (TS) en junio de 2023 estableció un precedente importante que reforzó la centralidad del consentimiento en el marco de los delitos sexuales. Aunque no hay una tipificación específica, los tribunales españoles pueden juzgarlo como abuso o agresión sexual, según el caso, con penas de uno a doce años.
Otros países, como Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá, también han encaminado acciones legislativas para castigar esta conducta. Mientras, en Dinamarca ya se prepara una ley para criminalizarla. N
