Hasta noviembre de 2024, el saldo de la cartera vencida de los créditos otorgados por la banca privada, registró su nivel más alto desde que iniciaron los registros de ese parámetro en México, situándose en 46 mil 343 millones de pesos, según indicaron cifras del Banco de México.
La cifra que engloba el financiamiento otorgado por productos como tarjetas de crédito y préstamos de nómina o personales, apunta a aquellos que no recibieron pago en 90 días o más.
El sobreendeudamiento entre la población mexicana, parece ser una problemática arraigada que encuentra su origen durante los primeros años de la vida laboral. Y es que de acuerdo con el reporte “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos”, alrededor del 64% de la muestra poblacional empleada para dicho estudio, indicó tener entre dos y tres créditos vigentes, ya sea por tarjetas de crédito, préstamos personales, de nómina, automotrices o créditos hipotecarios.
Como una medida para revertir el sobreendeudamiento en el país, es que se prevé que este miércoles se analice y discuta en la Cámara de Senadores el “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”, herramienta financiera que podría evitar que los trabajadores acumulen deudas que no puedan pagar.
Esta medida establece un marco de transparencia y responsabilidad en la contratación de créditos de nómina, lo que contribuiría significativamente a mitigar el sobreendeudamiento y mejorar la estabilidad financiera de las familias mexicanas.
El sobreendeudamiento es un problema que afecta a un número considerable de trabajadores. Estudios recientes realizados por consultoras financieras especializadas indican que aproximadamente el 35% de los usuarios de créditos de nómina han reportado dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago en el corto plazo. La falta de información clara y la complejidad en los términos de los contratos son algunos de los factores que impulsan este fenómeno.
La cobranza delegada, al exigir contratos transparentes y detallados, fomentaría que los trabajadores conozcan de antemano sus compromisos financieros. Este cambio en la forma de presentar la información también guiaría a que los usuarios evalúen mejor sus capacidades de pago, aminorando el riesgo de adquirir deudas que podrían poner en peligro su bienestar económico.
Asimismo, este modelo no solo se centraría en la claridad contractual, sino también en la protección de los derechos de los trabajadores. Con mecanismos de supervisión más estrictos, la CONDUSEF estará en capacidad de intervenir de manera oportuna si se detectan prácticas abusivas o si la información proporcionada resulta engañosa. Este enfoque proactivo protege a los usuarios y garantiza que los proveedores de créditos actúen bajo estándares éticos y responsables.
Además de reducir el sobreendeudamiento, la transparencia en la información abre la puerta a una mayor inclusión financiera. Al entender mejor los términos y condiciones de sus créditos, más trabajadores podrán acceder a productos financieros que se adapten a sus necesidades sin exponerse a riesgos innecesarios. Esto, a su vez, fomenta un entorno de confianza y colaboración entre los usuarios y las instituciones financieras.
