En El Salvador opera el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad más grande de América Latina. A la fecha tiene 18 mil internos, pero puede albergar 32 mil más.
El Salvador es un país pequeñito, 6 millones 360 mil habitantes, poco más que el estado de Guanajuato. En ese tenor, 18 mil internos de máximo riesgo representan al 0.28 por ciento de la población o, por cada 353 salvadoreños, hay un delincuente de alto impacto, detenido.
Vea usted el caso de México, con una población de 126 millones de habitantes. Mis estimaciones apuntan que ahora mismo operan unos 824 mil delincuentes de alto impacto. Eso significa el 0.65 por ciento de la población o, por cada 153 mexicanos, hay uno que es criminal de alto impacto, en la calle.
En esa prisión de El Salvador, hay condenas usuales de 1 mil 500 años. Desde 2022, el mandatario Nayib Bukele impuso el Estado de Excepción y de a poco, encarceló a unos 84 mil delincuentes, de los cuales 18 mil fueron enviados al CECOT.
Las buenas conciencias dicen que Bukele ha restringido los derechos humanos de los presos y ha cooptado las garantías individuales de los salvadoreños. Analizando la evidencia, es necesario precisar: Bukele no restringió los derechos humanos de los delincuentes, más bien los eliminó.
Y al más tonto le queda claro que los salvadoreños están felices con su versión centroamericana de El Contrato Social: gustosos han cedido un pedazo de su libertad a cambio de que un ejército de psicópatas dejen las calles y los hayan zambutido en una lata inviolable de la que no saldrán vivos jamás.
El trato que Bukele hizo con sus electores es rasposo pero funciona: desde ahora vas a tener algunas limitaciones en términos de la libre reunión y la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones; es más, podré detenerte sin orden judicial pero a cambio podrás vivir sin homicidios, cobro de piso y sin que haya delincuentes que maten a tus mujeres.
Así fue como Bukele, un tipo que tiene pinta de junior y no de estadista, puso un alto a fechas como la del 27 de marzo de 2022, en la que ese diminuto país tuvo 60 homicidios, una cifra que alucina. México tuvo 54 homicidios el 24 de diciembre de 2024, para darle una idea.
Los resultados han ido apareciendo poco a poco y la realidad objetiva es que al junior publicista le han salido perfectamente bien sus experimentos draconianos. Y de cada 10 votos en el proceso electoral que le dio su reelección, ganó 8.
Es de uso que dentro de la prisión mencionada, se encuentren hombres que han cometido una media de 500 homicidios. Si a usted le parece exagerado, considere un hombre muerto al día en un trabajo de dos años de sicariato, así que tal vez no sea una cifra inaudita.
Por lo que se refiere al cobro de piso en El Salvador, se alcanzaron cifras que confirmaron la existencia de barrios enteros de todo el país, que pagaban una suma semanal a los delincuentes. Ese dinero servía para financiar otras actividades criminales.
La realidad es que no suena mal haber enviado a 18 mil personas a una prisión de máxima seguridad y a cambio pasar de ser el país más inseguro del planeta, a ostentar el segundo lugar de los más seguros, en menos de 5 años.
Los resultados son abrumadores: casi 9 de cada diez personas señalan que pueden caminar por las calles de su barrio sin sentirse inseguros y el mismo porcentaje cree que si ganaba otra opción partidista que Bukele, cerrarían la prisión que los ha librado de los criminales.
Con el rapé en la mano, incontables organismos de derechos humanos ha censurado el estilo de Bukele para retirar delincuentes de las calles y sin duda hay legiones de groupies atildados con todo y Woke Language que dicen que los asesinos, así hayan violado a centenas de personas y matado a otras centenas más, deben ser tratados con dignidad y comedimiento.
Afortunadamente para los salvadoreños, tendrán su prisión de máxima seguridad funcionando por unos años más, aunque es de entenderse que existe la posibilidad de que se cancele el proyecto en cuanto ponga un pie en el Palacio de Gobierno algún opositor que quiera regresar a miles de trogloditas a la calle.
Ahora mismo, las calles en El Salvador están vigiladas por soldados y marinos en todo momento y se encargan de la seguridad pública bajo la lógica de que cualquiera que parezca integrante de la Mara Salvatrucha, tendrá que demostrar lo contrario.
Las organizaciones de derechos humanos no entienden que vivir con delincuentes junto, es una cosa, pero ser expoliado sistemáticamente por éstos, es otra. En los años de gobierno de Bukele, ya van más de 360 días sin homicidios y ahora mismo, el 52 por ciento de todos los municipios de El Salvador no han registrado un solo asesinato.
Antes de Bukele, solo se registró un día sin homicidios en 15 años. En 2013, la tasa de homicidios para los jóvenes entre 18 y 30 años fue de 75.5, el doble de la tasa nacional (39.5).
Se calcula que entre 1980 y 1992, las muertes cometidas por las Maras en El Salvador, alcanzaron 120 mil muertos. Dicho de otra forma, por cada muerto en la Revolución salvadoreña, se registraron 2 por parte de las Maras en “tiempos de paz”.
Las Maras han llegado a tener 100 mil integrantes operando en El Salvador y han sido responsables de dos olas asesinas: 1995, con una tasa de 141,72 homicidios por cada 100 mil habitantes y 2015, con una tasa de 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023, el mismo indicador registró 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Ahora que se prepara la devolución a México de innumerables personas que serán deportadas por Estados Unidos, hay que verse en el espejo salvadoreño: al comenzar la Guerra Civil Salvadoreña, muchos migrantes llegaron a Los Ángeles y ahí aprendieron un modelo de pandilla que no había en Centroamérica.
Cuando no pocos salvadoreños fueron deportados a El Salvador, regresaron con el conocimiento aprendido y a partir de ahí se daría origen a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18, generando una pesadilla por décadas. Todo indica que algunos mexicanos deportados traerán el know how aprendido en Estados Unidos y lo replicarán en el país.
La experiencia de lo hecho por los anteriores gobiernos salvadoreños señala varias cosas a considerar: en aquella nación, gastaron toneladas de dinero público a lo largo de décadas en campañas de concientización para que sus jóvenes no ingresaran a las Maras. No funcionó.
Invirtieron millones de dólares en cámaras de vigilancia. No funcionó. Ahí está el desastre hecho política pública, Super Mano Dura. No funcionó. Al final, tres cosas si funcionaron:
La primera fue borrar las prisiones que operaban, ya que tenían toda clase de facilidades estructurales y sistémicas que permitían y fomentaban el autogobierno.
La segunda es irse al desmantelamiento absoluto de las clicas o células delictivas, no nada más por “los generadores de violencia” sino por la nómina completa.
Y la tercera es que en ningún momento se ha permitido que los maras queden como modelo social a seguir, a contracorriente respecto a los criminales de alto impacto en México.
Bukele tiene una meta de delincuentes a encarcelar, con la idea de dejar a El Salvador sin ese ejército de maras que tuvo el control del país por décadas. Encarceló a unos 84 mil delincuentes, de los cuales 18 mil fueron enviados al Centro de Confinamiento de Terroristas. Todavía le faltan criminales por detener pero va a toda velocidad hacia la meta.
Preguntando en distintas partes de México, me comentan que los preparativos del gobierno federal para recibir a una avalancha de deportados por cortesía de Estados Unidos, está siendo claramente anecdótica y no pasa de las cobijas, empleo temporal y albergues de costumbre, sin omitir la humorada del “Botón de pánico” para que si alguien está siendo pillado por la autoridad migratoria adentro de los Estados Unidos, no lo puedan hacer. Ajá.
Como lo he mencionado en otro momento, los indocumentados que llegarán, tendrán que ser asimilados por el país y si nos ceñimos a los números, alrededor del 1 por ciento de ellos serán delincuentes activos o, por cada 100 personas que sean pateadas por Trump y enviadas a México, una tendrá antecedentes criminales.
Si le parecen pocos, calcule: si Trump regresa 100 mil mexicanos indocumentados, alrededor de 1 mil tendrán antecedentes de delincuencia en Estados Unidos. Si se pulverizan y regresan a sus terruños, será como diseminar la gangrena y potencializar a las pandillas que habitan en Jalisco, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, por decir algo.
Al referirme a mexicanos con antecedentes de delincuencia en Estados Unidos, no me refiero necesariamente a gente que fue detenida y procesada en una prisión, sino que ha estado en una pandilla y que ha delinquido. Se hicieron delincuentes allá.
¿México tiene forma de saber qué personas deportadas regresarán con antecedentes criminales? No. Es evidente que ni el gobierno federal lo ha solicitado y Estados Unidos no se lo ha mencionado. Viene en camino un suculento plato de caldo de Mara que impactará a quienes tengan cerca. Carne de cártel.
