La reciente Conferencia de las Partes (COP29) presentó una vez más esfuerzos, promesas y acciones para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París de 2015: limitar el calentamiento global a 1.5° C respecto a niveles preindustriales.
México, al ser un país en desarrollo y con una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, está en una posición compleja frente a la COP29, pues, por un lado, están las expectativas internacionales sobre su contribución a la reducción de emisiones y descarbonización, y, por otro, las exigencias de desarrollo económico social que demanda el país. Nada sencillo.
Uno de los retos más importantes de la COP29 es motivar el cumplimiento del Acuerdo de París, pues es una realidad que las promesas de los países no han sido suficientes para mantener la temperatura global por debajo de los 1.5° C. Los compromisos actuales, según las evaluaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), llevarían el calentamiento global a un aumento de entre 2.4 y 2.9° para finales de este siglo.
En ese sentido, es imperativo que los países aumenten y aseguren sus metas y establezcan planes más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica desarrollar políticas públicas más estrictas en sectores como la energía, el transporte y el desarrollo urbano.
Los países en desarrollo, como México, requieren apoyos financieros sustantivos para hacer frente al cambio climático, tanto en términos de mitigación como de adaptación, pues en buena medida los efectos son desproporcionados.
El compromiso de los países desarrollados, en la COP15 de Copenhague, de movilizar 100,000 millones de dólares anuales para el financiamiento climático sigue siendo una promesa por alcanzar. Aunque se han creado mecanismos como el Fondo Verde para el Clima, la falta de transparencia, accesibilidad y eficacia en su implementación sigue siendo un problema.
Para México, el acceso a estos fondos será fundamental, ya que se enfrenta a desafíos para el cumplimiento de las metas climáticas nacionales, como la implementación de proyectos de energía renovable e infraestructura resiliente.
Uno de los principales retos de México es avanzar en la transición energética y cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. México ha establecido el objetivo de reducir sus emisiones en 22 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2013.
Sin embargo, alcanzar este objetivo será difícil sin una estrategia acelerada de energías renovables y la descarbonización de los sectores de manufactura industrial, energético y de transporte.
El nuevo plan de hidrocarburos que presentó el gobierno federal y el reordenamiento del aparato administrativo estatal (Secretaría de Energía, Pemex, CFE, CRE, CNH) indica una dirección opuesta a los compromisos de descarbonización, pues pone en el centro de la política pública el uso de hidrocarburos, sin una estrategia de salida de mediano plazo.
Es una realidad que la falta de inversión en infraestructura renovable y la resistencia del sector energético tradicional han dificultado una transición acelerada. La dificultad radica en equilibrar la transición energética con las necesidades de desarrollo económico e industrial y el acceso a fuentes energéticas en las regiones inconexas.
Los países en desarrollo —más vulnerables al cambio climático— han exigido en las negociaciones de Conferencias anteriores la necesidad de abordar la equidad en la distribución de responsabilidades y recursos. La crisis climática afecta de manera desigual a las naciones, pues mientras los países desarrollados son los principales responsables de las emisiones, los países en desarrollo son los que enfrentan los efectos más devastadores.
En este sentido, los países más afectados por los desastres climáticos, como México, requieren que se reconozca esa vulnerabilidad y que reciban apoyo adecuado para la adaptación y la resiliencia. El desafío será encontrar un equilibrio en el que los países desarrollados asuman mayores responsabilidades y los países en desarrollo puedan acceder a los recursos.
La COP29 es un punto de inflexión en los esfuerzos internacionales por abordar la crisis climática. Así, México presentó metas importantes para alcanzarse en 2030: el aumento de la generación de energía limpia en 40 por ciento, la protección del 30 por ciento del territorio terrestre y marino, impulsar soluciones basadas en la naturaleza, la implementación de un modelo de economía circular, así como reducir emisiones en sectores estratégicos.
Vamos, es un avance significativo, sin embargo, contrasta con la política energética y el plan de hidrocarburos recientemente lanzado por el gobierno federal. ¿Pueden convivir? Seguramente. ¿Nos llevará a un mejor estadio con los compromisos nacionales e internacionales de accionar estrategias de resiliencia al cambio climático? Difícilmente.
La dura batalla entre preservar los ecosistemas y las promesas de desarrollo y equidad social siempre serán una balanza compleja de equilibrar. Las tecnologías pueden ser un arma de doble filo. N
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Miguel Tovar es director general de Sociedad Plural y analista político. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
