Más de 50 religiosos, entre ellos 43 sacerdotes, fueron desterrados de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega desde las protestas en su contra de 2018, según un informe de una oenegé publicado esta semana.
“Desde 2023 el régimen ha ejecutado cuatro acciones de destierro contra miembros de la Iglesia católica y más de 50 religiosos (incluyendo a 43 sacerdotes) han sido desterrados y alrededor de 200 impedidos de ingresar al país”, subrayó la oenegé Colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Desde entonces, el gobierno nicaragüense detuvo de forma “arbitraria” al menos a 74 religiosos y despojó de su nacionalidad a 35 de ellos, según el informe.
“Nunca el país había tenido a tantos sacerdotes presos, religiosas y religiosos perseguidos y expulsados. Ni en tiempos de guerra”, agregó.
Unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023, señalados de “traición a la patria”.
A fines de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, pidió al gobierno de Ortega que respete “la libertad de culto”. No obstante, “la sistemática persecución y comisión de crímenes de lesa humanidad que persiste en Nicaragua desde hace más de seis años no cesa”, advirtió el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“Las iglesias en Nicaragua sufren en pleno siglo XXI la mayor persecución en la historia del país”, agregó. La oenegé calificó la “persecución” contra la Iglesia como “crímenes de lesa humanidad”.
“Este patrón gubernamental de control y represión religiosa contra la fe católica y evangélica en Nicaragua demuestran la persecución, hostigamiento, asedio y graves violaciones a la libertad de conciencia y religión”, indicó la ONG.
El informe también detalla la confiscación de propiedades y bienes de organizaciones religiosas. Principalmente por medio de la cancelación de su personalidad jurídica, tras el endurecimiento de las leyes para controlar la actividad y origen de los fondos de las oenegés.
Según el informe, el gobierno ha cerrado un total de 5,571 oenegés, 1,235 de ellas religiosas. Esto bajo el argumento de que no presentaron sus estados financieros y les expropió sus bienes. Además, 22 medios de comunicación con enfoque religioso han sido clausurados desde la protestas de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la clausura de oenegés evidencia “el cierre deliberado del espacio cívico y democrático”. Y busca limitar “severamente” la participación de la sociedad civil en la vida política, social, cultural y religiosa del país.
Para la ONU la situación es “profundamente alarmante”. Leyes aprobadas recientemente en Nicaragua obligan a las oenegés a trabajar únicamente en alianza con el Estado y a las iglesias a pagar impuestos. N
(Con información de AFP)
