“Insistimos en que la reforma al poder judicial recién publicada no abona a nuestro Estado de Derecho, nos preocupa y consterna la cerrazón del poder político que no le permite observar el daño que causa a la población”, expresó el Magistrado el Poder Judicial Federal en Durango Marco Antonio Meneses Aguilar.
Refirió que si la reforma tuvo como objetivo a los jueces por la razón que sea, “venganza, animadversión o desconocimiento” de su función, colocándolos a todos en la “misma caja de la corrupción y privilegios” para provocar en la gente una visión torcida de quienes imparten justicia, haciéndolos quedar como el enemigo público, se equivocaron, pues manifestó que la víctima en este caso es México.
“Contribuyen al México impresentable ante la comunidad internacional, condenando a las presentes y futuras generaciones a la pérdida de oportunidades, postergando el México justo que tanto anhelamos”, expresó.
Reiteró el rechazó a la elección por “tómbola” y voto popular de los juzgadores, lamentando el quebrando del Poder Judicial de la Federación, que, dijo, es un pilar de la democracia. Aun así, apuntó que seguirán diálogo como el camino para crear consensos en miras las mejores condiciones de vida de mexicanas y mexicanos.
“Por una impartición de justicia independiente e imparcial, los integrantes del Poder Judicial de la Federación continuaremos nuestro compromiso en la lucha por la defensa del Estado de Derecho, siempre respetuosos y desde la trinchera que corresponda, pero firmes en la necesidad de diálogo para la construcción de un país en el que los derechos sean en serio en mérito de la estabilidad política, social y económica que todos merecemos”, manifestó.
De esta manera, Meneses Aguilar informó que se mantiene la suspensión de labores en el Vigésimo Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, así como en gran parte del país, hasta nuevo aviso.
Puntualizó que el Poder Judicial Federal en Durango se encuentra atendiendo únicamente asuntos urgentes en materia penal y otras relacionadas con el tema familiar y de salud, o temas que pongan en riesgo el suministro de servicios básicos.
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