El caso del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, ejecutado seis días después de haber asumido el cargo como presidente municipal para el periodo 2024-2027, tiene todos los elementos para ser el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum.
Aquella cabeza humana colocada sobre el toldo de una camioneta Volkswagen Robust, traía precuelas: la ejecución del secretario general de Arcos, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, en pleno centro de Chilpancingo y antes, la muerte de Ulises Hernández, inminente titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.
No podía esperarse alguna reacción furibunda por parte de la coalición PAN, PRI, PRD que lo postuló. Escasos ladridos que se perdieron en el silencio del Estado y del estado.
Empero, el montaje de la cabeza de Arcos Catalán, da claras pistas hacia dónde mirar: a la especialidad de Los Ardillos, el decapitamiento.
El 31 de marzo de 2022, las cabezas de seis personas fueron colocadas sobre el toldo de un Pointer negro, sobre el Bulevar Eucaria Apreza, vía de salida desde Chilapa de Álvarez hacia Chilpancingo.
El 24 de junio de 2023, se encontró algo similar en el barrio de San Mateo, Chilpancingo, frente a la parroquia, con un mensaje para la alcaldesa. Siete personas fueron ofrendadas para la instalación que le dejaron Los Ardillos a Norma Otilia Hernández Martínez y al síndico procurador, Andrei Marmolejo Valle.
“Saludos Presidenta: Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”, apuntaba el mensaje para Norma Otilia, quien después tendría el grato gesto de corresponder a la invitación de Celso Ortega Jiménez, líder de la segunda generación de Los Ardillos.
El encuentro en San Martín, municipio de Quechultenango, incluyó al esposo de la ex alcaldesa Diego Omar Benigno González. Literalmente, Norma Otilia fue la invitada, considerando que Celso Ortega iba acompañado de una escolta bien preparada, él mismo traía su revólver a la mano y en más de un sentido, Quechultenango es suyo.
En un texto que publiqué simultáneamente en Buenos Aires y México, daba cuenta de la diáspora criminal que se fue gestando en Guerrero y que más allá de lo que publicó International Crisis Group en 2020 en el sentido que había 40 grupos criminales que se disputan el control de la entidad, identifiqué que son 13 los determinantes.
Los Ardillos, con sede en Chilapa, llevan más de 20 años en el negocio criminal, considerando que el padre del actual líder, Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, se dedicó largamente a una ingenuidad, comparándola con los negocios actuales: la siembra de amapola en Quechultenango.
Los hijos de aquel personaje, siete en total, se encargarían de expandir el negocio al cobro de piso en magnitudes inimaginables, además de trabajar prácticamente todo el ciclo productivo de los narcóticos.
En la primera rueda de prensa sobre seguridad de Claudia Sheinbaum, el tema fue tratado con una salva de lugares comunes que alguien desempolvó del gabinete de Enrique Peña Nieto con el caso de Ayotzinapa: no ofrecieron ningún dato sólido sobre el tema y sí una pifia memorable, donde Sheinbaum respondió que Chilpancingo no es el municipio más violento del país.
La ocurrencia de la señora da mucha tela de donde cortar: si a esas nos vamos, Culiacán es un territorio en llamas con 200 muertos en 30 días, a consecuencia de un evento que tiene todas las características de una falencia de Estado, ahora al estilo Morena.
Regresando a Guerrero, algunas fuentes me señalan que el dínamo de la muerte de Arcos está en el cobro de piso de pollo en Chilpancingo, del que yo he dado cuenta desde la pandemia. La zona de Petaquillas es territorio de Los Ardillos y en permanente pugna con un brazo civil-armado de “Los Rusos” (dependientes de la facción Ismael Zambada del Cártel de Sinaloa) que le juegan a los autodefensas: la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG.
Se comenta que al menos uno de los mayores distribuidores de pollo en la zona y que fue asesinado, trabajaba para Los Tlacos, grupo fundado por Onésimo Marquina, otro de los 13 grupos criminales determinantes en Guerrero y némesis de Los Ardillos.
En febrero de 2024, el mismísimo Celso Ortega Jiménez declaró a Latinus que en 2006, fue enviado en su calidad de operador de Los Zetas, a apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato presidencial del PRD.
Más allá de la tozudez de que los 43 hombres desaparecidos en Ayotzinapa han de estar cautivos en algún lugar y no vertidos en alguna fosa clandestina de Guerrero, la atrocidad en contra de Arcos Catalán tiene semejanzas que hay que destacar:
La primera es que los gobiernos de Peña Nieto y de Sheinbaum no pudieron identificar de inmediato que una matanza local podría escalar a escándalo planetario en pocos días y se mantuvieron en sus trece de que era un problema como cualquier otro.
Conozco distintos informes de inteligencia militar sobre el caso Ayotzinapa y en ellos se observa con nitidez cómo el crimen organizado se mueve sin mayor dificultad ante los tres niveles de gobierno en Guerrero. El modelo es el mismo para el caso Arcos.
Mal hará Sheinbaum si no sale de la vaina de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se siga adelante. Algo así pasó con Ayotzinapa y ya se vio con nitidez que no fue suficiente, pues el caso estaba tan groseramente manoseado que era ilegible por donde se le quisiera ver.
La segunda es que la conexión entre Los Ardillos y distintos funcionarios de gobierno entre los que aparecen por lo menos tres exgobernadores, es muy parecida a lo que ocurre en tiempo real en Sinaloa, por ejemplo, donde un Cártel tiene nexos con mandatarios y todo mundo lo sabe menos las oficinas centrales del gobierno federal.
Si en Ayotzinapa, donde se metieran las manos se aparecían priistas y perredistas que después mutaron a morenistas, en el caso Arcos se da la misma condición, solo que ahora va a ser difícil echarle la culpa al pasado porque éste está vinculado poderosamente al presente.
Y el tercero es definitivo y definitorio: si en el gobierno de Peña Nieto, Ayotzinapa fue un problema local que no tenía mayor importancia y después, cuando el daño era gigantesco se ingresó en una vorágine que le echaba la culpa del multihomicidio a quien fuera, ahora mismo se está manejando el caso Arcos en forma similar.
El error actual de Sheinbaum es desdeñar la magnitud del problema y descalificar en comparaciones que no abonan a la impartición de justicia sino a darle trámite como si fuera una trivialidad.
Por supuesto, Arcos solo es el tapete que esconde una realidad lóbrega, la del cobro de piso a nivel estatal y el control territorial a manos de 13 organizaciones que han probado ser inmunes a la transexenalidad.
Afortunadamente para Sheinbaum, el partido político que debería estar enarbolando la defensa de una investigación pulcra para esclarecer el atroz crimen de Arcos, es el PRI de Alejandro Moreno. En ese sentido, no hay nada que temer. Con todo, el cobro de piso a los distribuidores de pollo ahí está y tarde o temprano tocará la puerta de Palacio Nacional.
*ARD
