Decenas de transportistas se manifestaron al interior del Congreso del Estado de Durango, solicitando a los legisladores la implementación de la Ley de Transporte reformada en julio de 2023. Dicha reforma establece la regulación de las plataformas de transporte privado que operan en la entidad.
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Saúl Ortiz Cano, secretario general del Sindicato de la Unión de Transportes “Lic. Benito Juárez”, señaló que los taxistas formales no pueden competir en igualdad de condiciones con las plataformas de transporte, debido a que estas no están sujetas a los mismos impuestos y regulaciones.
Ortiz Cano expresó que no se oponen al funcionamiento de estas plataformas, pero que exigen condiciones de competencia justas. Señaló que la ley ya existe, pero no ha sido ejecutada, lo que afecta directamente a los taxistas formales, quienes han visto mermados sus ingresos y la viabilidad de su actividad económica.
Los manifestantes fueron atendidos por el diputado Octavio Ulises Adame, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, quien los convocó a los transportistas a una reunión el próximo jueves, donde se discutirá la situación, esperando contar con la participación del subsecretario de Movilidad y Transporte, buscando avanzar en el diálogo sobre la regulación de las plataformas privadas.
Minutos después de que se retiraron los transportistas del Congreso, llegaron los Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron al exterior del recinto legislativo, cerrando la calle de 5 de febrero a la altura de Zaragoza.
Haciendo uso de un megáfono, con lonas y cartulinas, reclamaron pago de seguros de vida, de retiro e institucionales que han quedado pendientes, en su mayoría, desde la administración anterior.
Además, expusieron la falta de recursos para el equipamiento de las escuelas, señalando que son ellos quienes deben asumir el costo de comprar mobiliario y material necesario para las aulas. Según la CNTE, esta situación lleva años sin resolverse.
Los manifestantes pidieron la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), argumentando que los retrasos en la asignación de personal para cubrir interinatos son inaceptables, llegando a demorar semanas o meses en algunos casos.
Otra demanda fue la modificación de la Ley de Pensiones del Estado, solicitando que la jubilación de las docentes sea a los 28 años de servicio y la de los docentes a los 30, independientemente de su edad, en lugar de los 35 años actuales.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUCOCOPO), Héctor Herrera Núñez, y la diputada Gabriela Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación, atendieron a los manifestantes. Herrera Núñez expresó la disposición del Congreso para colaborar en la solución de los problemas planteados y se comprometió a ser interlocutor con las autoridades correspondientes, asegurando que el Congreso será un aliado para los docentes en sus demandas.
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