A sala llena y entre lágrimas y aplausos del público, el documental Traslados, proyectado esta semana en Buenos Aires, reconstruye con ritmo policial y rigor histórico la trama detrás de los “vuelos de la muerte” de la última dictadura militar argentina (1976-1983).
“El documental pone pruebas sobre la mesa, junta todas las piezas y todo lo que se supo desde 1976 a la actualidad sobre los vuelos de la muerte”, explicó el director Nicolás Gil Lavedra.
Los denominados “vuelos de la muerte” fueron un método de exterminio de opositores implementado por la dictadura que consistía en arrojar a detenidos narcotizados al mar o al Río de la Plata desde aviones.
Con testimonios de supervivientes, investigadores y referentes de organismos de Derechos Humanos con material de archivo y recreaciones ficcionalizadas, la película construye pieza por pieza el rompecabezas desde los primeros indicios hasta los fallos judiciales que probaron los hechos.
“Al ser un documental de investigación, no hay opiniones ni partidarias ni subjetivas, hay hechos y hay pruebas”, subraya Gil Lavedra.
El director explica que el documental está dirigido especialmente a jóvenes o personas que no conocen en profundidad esa parte de la historia, y para eso contribuye la dinámica policial del largometraje, de unos 90 minutos.
“Creo que es esencial para los jóvenes hoy en día saber lo que pasó, lo que pasaron estudiantes que se instruyeron en las mismas aulas que nosotros”, comentó a la salida del cine Octavia Ortuño, una boliviana de 24 años que estudia psicología en la Universidad de Buenos Aires.
Traslados se proyectará por pocas semanas en Argentina antes de su gira europea, que la llevará entre otros destinos al Festival de San Sebastián, en España, en una jornada especial de apoyo al cine argentino programada para el martes 24 de septiembre.
Uno de los casos centrales de la película es el de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo: Esther Ballestrino, Azucena Villaflor y María Ponce.
Junto a las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y otros siete activistas, fueron secuestradas y arrojadas al mar en un vuelo realizado la noche del 14 de diciembre de 1977, según la reconstrucción judicial.
El grupo de 12 secuestrados había sido señalado por el exmarino Alfredo Astiz, infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo y quien hoy cumple prisión perpetua.
A la salida de una de las funciones del martes, Víctor Fuks, un empleado estatal de 74 años, dijo a la AFP que la película lo tocó “de una forma muy especial”. Fuks cuenta que, por la dictadura, en 1977 se fue a vivir a España, donde residió por 34 años: “Ya había mucha cantidad de amigos, compañeros, gente que estaba desapareciendo”, explica. Y destaca la importancia de que existan películas como Traslados en el contexto actual.
En julio, un grupo de seis diputados del partido de gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, visitó en la cárcel a Astiz y a otros represores condenados por delitos de lesa humanidad, en un hecho que generó repudio en buena parte del arco político argentino.
Sobre la visita “y la manera en que se referían a ellos como viejitos que cumplían una pena en una cárcel común y no se lo merecían, este documental muestra que son criminales cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad, porque ellos eran el Estado”, señala Gil Lavedra.
El cineasta, que presenta su primer largometraje documental tras dirigir ficciones como Verdades Verdaderas (2011), basada en la vida de la activista de Derechos Humanos, Estela de Carlotto, es además hijo de Ricardo Gil Lavedra, juez que integró el tribunal del emblemático juicio a las Juntas Militares en 1985 tras el retorno de la democracia. Para él, lo ocurrido durante la dictadura “tiene que ser un tema donde no tiene que haber grieta (polarización)”.
“La única manera que tenemos de superar este tema es teniendo una memoria colectiva. Toda la sociedad tiene que entender que la dictadura fue terrorismo de Estado y todos tenemos que condenarlo. La única manera que tenemos de sanar esa herida es con justicia, verdad y memoria”.
Se calcula que, durante los siete años de dictadura, murieron o desaparecieron unas 30,000 personas, según organizaciones de derechos humanos. N
