El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, acusado de servir al chavismo gobernante, certificó este jueves 22 de agosto la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años, tras denuncias de fraude por parte de la oposición.
“La Sala Electoral del TSJ certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031″, según una sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la corte.
La decisión responde a una petición hecha por Maduro hace tres semanas en medio de los cuestionamientos a su reelección, cuando su principal rival Edmundo González Urrutia, representante de la líder opositora inhabilitada María Corina Machado, denunció fraude.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro como ganador con 52 por ciento de los votos frente a un 43 por ciento de González Urrutia sin presentar el detalle del escrutinio, al alegar un jaqueo contra el sistema de votación.
González Urrutia dijo haber ganado con más del 60 por ciento de los votos. El máximo tribunal exhortó al CNE a publicar “resultados definitivos” de las elecciones, sin pedir el detalle del escrutinio. La oposición adelantó la víspera que consideraría “nula” la sentencia.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para lo que sería su tercer mandato consecutivo. El canciller Yván Gil, presente en la sede del TSJ en Caracas junto al cuerpo diplomático acreditado, pidió “respeto y no injerencia en asuntos internos”.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela cuestionó la “falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre Maduro, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado en su contra, tras las protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos.
El mandatario pidió cárcel para ambos dirigentes opositores y la fiscalía ya abrió una investigación penal. El TSJ, en su sentencia, declaró en desacato a González Urritia por su negativa a acudir a las audiencias del proceso de peritaje y anunció que remitirá el fallo al fiscal general, Tarek William Saab, de cara a “sanciones”.
En otras noticias, Nicolás Maduro pasó de ser asiduo defensor de las redes sociales a detractor. Son “multiplicadores del odio y el fascismo”, lanzó el gobernante, que acusa a la oposición de usarlas para “campañas de odio” entre denuncias de fraude en su reelección.
En un país donde la libertad de prensa está restringida, Maduro ordenó suspender a X por 10 días: el plazo finalizó el domingo, pero esa red social sigue siendo inaccesible sin un VPN. El mandatario promueve además un boicot contra la plataforma de mensajería WhatsApp y acusa a Instagram y TikTok de atacarlo.
“¡Fuera Elon Musk y fuera X de América Latina!”, lanzó el lunes el presidente, que tiene meses cruzando críticas con el multimillonario propietario de esa red social. Maduro busca ahora contener la protesta contra su reelección, con gritos de fraude desde la oposición que se viralizaron con rapidez.
Tras la aprobación la semana pasada de una ley para fiscalizar oenegés, ampliamente criticada por defensores de derechos humanos, el gobernante chavismo prometió una ley de redes sociales en los próximos días.
“Se trata de una escalada en el sistema de censura”, criticó Giulio Cellini, director de la consultora política Log Consultancy. “El gobierno identifica las redes sociales como el mecanismo a través del cual la gente logra informarse”.
“En Venezuela existe un toque de queda en internet. Hay cientos de venezolanos que están siendo perseguidos por sus expresiones en las distintas redes sociales y decenas de ellos han sido detenidos “, apunta Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Una legislación “presumiblemente”, alerta Ruiz, “aumentaría la persecución, la estigmatización y la judicialización” de voces disidentes.
Maduro acusa a sus adversarios de promover violencia a través de las redes, pero Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, sostiene que en realidad intenta cerrar “válvulas de escape con las que la gente trata de conseguir información” en un ecosistema mediático pequeño y silenciado.
Espacio Público, promotora la libertad de expresión, contabiliza más de 400 periódicos, radios y televisoras cerrados en dos décadas de gobiernos chavistas.
Las televisoras y radios de señal abierta, a la vez, operan en un clima de censura y autocensura, al tiempo que portales webs críticos son habitual blanco de bloqueos en los proveedores locales de internet. Cadenas de noticias internacionales como CNN en Español, adicionalmente, han sido sacadas del aire por las cableoperadoras.
Venezuela está en el lugar 156 entre 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, únicamente por encima de Nicaragua (163) y Cuba (168) en América Latina.
En el marco de la crisis poselectoral, el SNTP ha documentado detenciones de cuatro reporteros y otros dos periodistas dedicados al activismo político. La organización gremial ha denunciado también decenas de despidos en medios de comunicación estatales por represalias a interacciones a favor de la oposición en redes. N
(Con infomación de AFP)
