La fiscalía de Guatemala pidió este miércoles 21 de agosto quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo tras acusarlo de autorizar pagos “ilegales” a constructoras, en un nuevo capítulo de la larga disputa que tiene con el mandatario.
“Se presentó a la Corte Suprema la solicitud de retiro de antejuicio en contra del señor presidente para ser investigado por abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución, cuyo recurso puede llevar luego a quitarle la inmunidad”, dijo el fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa.
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad.
El fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por “corrupto” y “antidemocrático”, acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega los pagos de contratos a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción.
“Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal”, reaccionó el gobierno guatemalteco en un mensaje enviado a los medios.
Si se abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el cargo. “No sorprende la petición”, afirmó Manfredo Marroquín, de la filial local de la oenegé Transparencia Internacional, al considerar que “ha sido la política del Ministerio Público de perseguir al nuevo gobierno”.
“Tampoco sorprende la agilidad con la que actúa contra Arévalo, mientras aplica anestesia a las denuncias de corrupción en el gobierno pasado del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), aliado de la fiscal general, Consuelo Porras”, agregó Marroquín.
El caso contra Arévalo se deriva de una denuncia presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, también sancionado por Washington por “corrupto”.
“El señor presidente es la persona principal que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala”, afirmó Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de casos de alto impacto.
El fiscal presentó un audio de una conversación en mayo entre Arévalo y la entonces ministra que fue divulgada por la prensa local. En la conversación, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pago a empresas conforme a un listado acordado.
A inicios de agosto, Arévalo confirmó la veracidad del audio y argumentó que los listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución. En 2021, Curruchiche ganó la jefatura de la FECI y es señalado de perseguir a exfiscales antimafias, además de periodistas y críticos de Giammattei y Porras.
El pedido abre otro capítulo en la pugna entre Arévalo, que goza del respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea, y Porras, considerada “corrupta” por Washington y el bloque europeo.
La disputa se inició en 2023, cuando la fiscalía abrió una investigación contra el Partido Semilla de Arévalo después de que se colara al balotaje presidencial con su promesa de mano dura contra la corrupción. Por ese caso, la fiscalía mantiene otro pedido para investigar a Arévalo por supuesto lavado de dinero en la conformación del partido.
La semana pasada, el juez Fredy Orellana, también sancionado por Washington, envió prisión preventiva a Ligia Hernández, una funcionaria cercana de Arévalo por el proceso contra Semilla.
El martes, la fiscalía pidió quitar la inmunidad al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, para investigarlo por supuesto abuso de autoridad en la destitución del jefe de un banco de capital mixto. Arévalo, en el poder desde enero, carece de facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para poder destituirla, presentó una iniciativa de ley que le otorgue esa potestad, pero el proyecto está estancado en el Congreso. N
(Con información de AFP)
