LIMA.— La justicia de Perú inició ayer el proceso oral contra Keiko Fujimori, excandidata presidencial y lideresa del partido opositor Fuerza Popular, por el llamado caso “Cócteles”, donde habría recibido más de 18 millones de dólares de manera ilícita de empresas –como la brasileña Odebrecht– para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Ante este escenario, la Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años de prisión para Fujimori por los cargos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.
Sin embargo, no solo la heredera del expresidente Alberto Fujimori está involucrada en este proceso, sino también otras 45 personas están señaladas por los citados delitos.
El fiscal José Domingo Pérez, integrante de un equipo especial del Ministerio Público peruano creado para ver el caso “Lava Jato”, es el que elaboró la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y será el encargado de sustentarla. Un aspecto clave es que deberá demostrar que la dirigente política habría recibido 1.2 millones de dólares de Odebrecht, y 11 millones de poderosos empresarios peruanos como Juan Rassmuss y Dionisio Romero.
Además, el fiscal Pérez ha anotado que presentará más de mil testimonios que buscan probar las graves imputaciones que le hace a Fujimori, quien ha alegado en reiteradas oportunidades que es “víctima de una persecución política”. Incluso, se contará con la participación de excolaboradores de la lideresa opositora que revelarán cómo lavaron el dinero de falsos aportantes.
Durante la primera audiencia del juicio se tuvo que resolver varios pedidos de los procesados para que el caso regrese a la etapa procesal anterior ya superada de control de acusación, en la que un magistrado revisa la acusación fiscal y determina si procede o no pasar a juicio oral.
Sin embargo, este objetivo de Fujimori y sus demás coimputados fracasó. La sala del Poder Judicial peruano que tiene este caso adelantó que las audiencias serán con bastante frecuencia, por lo que se estima que el fallo final podría conocerse en un año o, si ocurre alguna dilación, en dos o tres años.
Además, tres de la lista de acusados están declarados como reos contumaces por no presentarse a la instalación del juicio oral que ha generado gran expectativa en Perú.
Y mientras Keiko Fujimori afronta este juicio por corrupción, su padre, el expresidente Alberto Fujimori, ha movido la política peruana en los últimos días luego de manifestar en una carta publicada en el diario El Comercio que tiene intenciones de servir otra vez como funcionario público.
La iniciativa de Fujimori se complementa con que hace unas semanas publicó un video en el que se afiliaba como militante de Fuerza Popular para postular a las elecciones generales del 2026. No obstante, esta posibilidad de momento se ve inviable debido a que al exmandatario lo condenaron por varios delitos como usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía, secuestro, peculado, falsedad ideológica, corrupción y espionaje.
Sin embargo, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones de Perú establece claramente que no pueden postular a la presidencia o vicepresidencias de la república aquellos que, “por su condición de funcionarios son condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso”.
Hasta diciembre del 2023, Fujimori venía cumpliendo una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Pero el Tribunal Constitucional peruano decidió que al expresidente lo liberen tras restituirse el indulto que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski le concedió el 24 de diciembre de 2017, lo que a la postre motivó que el Parlamento lo vacara en marzo de 2018.
Recientemente, la Corte Suprema de Chile decidió aprobar la ampliación de extradición de Alberto Fujimori por cinco nuevos casos, que consideró crímenes de lesa humanidad.
Estos son por los casos de las esterilizaciones forzadas, el asesinato de la familia Ventocilla, los homicidios en el operativo de rescate en la residencia del embajador de Japón, los asesinatos en el penal Castro Castro y el secuestro de los militares que se rebelaron contra su gobierno luego del autogolpe en 1992. N
