Varios grupos defensores de derechos humanos de los migrantes presentaron este miércoles 12 de junio una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por un decreto que restringe el asilo en la frontera con México.
Joe Biden firmó recientemente una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2,500 cruces irregulares en el promedio de siete días. Prevé que se reabra cuando la cifra baje a 1,500.
“Estamos demandando a la administración de Biden por acciones ejecutivas que restringen severamente el asilo y ponen en riesgo miles de vidas. Estas acciones siguen el enfoque de la anterior prohibición de entrada de asilo de la administración Trump, que impugnamos con éxito en los tribunales”, indicó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El decreto incluye excepciones como los menores que viajan solos, las víctimas de “una forma grave de tráfico”, los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada mediante una vía legal como la aplicación móvil CBP One.
Además de posibilitar el cierre de la frontera el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Esta medida ha puesto en pie de guerra a las organizaciones de defensa de los migrantes en un año electoral en el que Biden intenta captar el voto del electorado latino.
“No nos quedó otra alternativa más que demandar”, afirma Lee Gelernt, un directivo de ACLU. “La administración carece de autoridad unilateral para anular al Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno entra al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración (del expresidente Donald) Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”, añadió.
“El asilo no es una laguna jurídica, sino más bien una medida para salvar vidas, el acceso al asilo es un derecho humano y legalmente protegido en Estados Unidos”, dijo Jennifer Babaie, directiva del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, en el mismo comunicado. “Estamos emprendiendo acciones legales para demostrar que este flagrante desprecio por la seguridad humana es ilegal, insostenible y debe detenerse”, añadió Jennifer Babaie.
Los grupos consideran que la orden ejecutiva de Biden “es contraria a la ley” y “arbitraria”, se lee en la demanda. El caso se ha presentado en una corte de distrito de Washington. N
