En una ciudad conservadora de Texas, en Estados Unidos, donde el aborto está prohibido, un grupo de vecinos quiere impedir que sus autopistas se utilicen para el transporte de mujeres que buscan abortar en estados vecinos que sí lo autorizan.
La llamada “prohibición de viaje para abortar” ya existe en al menos 10 jurisdicciones de este estado del sur de Estados Unidos, impulsada por el activista provida Mark Lee Dickson. Orgulloso de su celibato a los 38 años, Dickson fundó en 2019 la “Iniciativa Ciudades Santuario para el No Nacido”.
Su labor cobró notoriedad después que la Corte Suprema estadounidense revocara en 2022 un fallo que por casi cinco décadas permitió el aborto en todo el territorio. Cada estado quedó libre para legislar y una veintena lo prohibió o restringió.
El aborto es un tema relevante rumbo a las presidenciales de noviembre. El gobernante demócrata Joe Biden, quien busca su reelección, ha dicho que peleará por restituir este derecho, mientras que su rival republicano, Donald Trump, aseguró que cada estado debe decidir.
Las leyes texanas no penalizan a las embarazadas por el procedimiento, pero sanciona con cárcel a quienes se lo facilitan. Sabiendo que sus carreteras conectan con vías hacia Nuevo México, Colorado y Kansas, donde el aborto aún es legal, vecinos provida de la ciudad de Amarillo, con 200,000 habitantes, piden a su municipio que permita a los residentes demandar civilmente a quien transporte por su jurisdicción a una mujer que va rumbo a interrumpir su embarazo.
“No pueden abortar aquí, ni tomar una píldora abortiva, ni traer partes de bebé para desechar, ni usar nuestras autopistas interestatales en su camino a buscar un aborto. Quiero estar orgullosa de vivir en una ciudad donde santificamos la vida humana”, sostuvo Jana May, líder del movimiento Project Destiny Amarillo, que llevó a debate el tema.
“Texas es un estado republicano, y si por alguna razón pasa a ser demócrata, de la noche a la mañana nos convertiríamos en un estado abortista. Pero si somos una ciudad santuario, eso todavía ofrece cierta protección”, agregó.
Vecinos y autoridades de Amarillo debatieron el tema en una sesión de concejo el 28 de mayo. Aunque se declaró provida, el alcalde Cole Stanley dijo que estas prohibiciones son “inaplicables y pueden hacer que demanden al municipio” por restringir el libre tránsito.
Pidió reformular la propuesta y discutirla durante junio. Si no hay consenso, podría ser llevada a votación ciudadana en noviembre. Para Dickson, esa prohibición es necesaria porque “hay un no nacido que está siendo llevado en contra de su voluntad a través de las fronteras estatales para ser asesinado”.
Vistiendo habitualmente gorra invertida, saco y zapatillas de color negro, Dickson ha sumado unos 70 pueblos, ciudades y condados a sus “santuarios”. Muchos no exceden los 500 habitantes y están principalmente en Texas pero también en Luisiana, Nebraska e incluso en Nuevo México.
Donde se aprobaron prohibiciones “no ha habido ni una sola violación a la ordenanza”, dijo Dickson, para quien estas regulaciones llenan vacíos legales para evitar que organizaciones proaborto trasladen a embarazadas.
Según Harper Metcalf, de la Alianza para la Libertad Reproductiva de Amarillo (ARFA), prohibir los viajes es una propuesta “aterradora promovida por un grupo de extremistas religiosos” que busca crear “confusión y caos”.
“La mayoría apoya el acceso seguro y legal al aborto”, dijo.
En Texas el aborto está prohibido incluso en caso de incesto y violación. Y aunque existen excepciones como cuando está en peligro la vida de la madre, una veintena de mujeres denunció el año pasado que sus médicos se negaron a realizarles un aborto —pese al deterioro de su salud— por temor a ir a prisión, alegando falta de claridad en las normas. Varias de ellas salieron de Texas para abortar.
“Los extremistas quieren utilizar las autopistas como armas contra personas que viajan en busca de un aborto, ya sea electivo o médicamente necesario”, comentó Courtney Brown, de ARFA.
Metcalf cree que la estrategia conservadora apunta a “pueblos pequeños”, con una comunidad que siente que hace lo correcto al aprobar una “ordenanza provida”. Sin embargo, “cuando la gente analiza y realmente sabe qué es esto, no lo quiere”. A principios de mayo los habitantes del pueblo rural de Clarendon rechazaron la propuesta, porque sobrepasa las leyes.
Es algo que tiene claro James, un jubilado de 73 años que lleva una gorra de Trump. “Soy provida, pero también prolibertad. A nadie le gusta que la gente aborte, pero cuando pones una ordenanza que no se puede hacer cumplir y nos vuelve unos contra otros, para mí es un no”, dijo este residente de Amarillo. N
