La llegada de Morena a la Ciudad de México en 2015 desdibujó totalmente al gobierno de Miguel Ángel Mancera; en su primera elección, Morena ganó 20 diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y ganó cinco jefaturas delegacionales (Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco). Mancera se vio amenazado por esta nueva fuerza política, ya que no contaba al 100 por ciento con el apoyo del PRD por no ser militante de ese partido, lo que lo llevó a buscar desesperadamente controlar a los perredistas y consolidar una alianza con el PAN, a fin de tener gobernabilidad y autoridad como jefe de Gobierno.
Los entonces diputados locales de la ALDF, Jorge Romero Herrera (PAN), Mauricio Toledo y Leonel Luna (PRD) aceptaron garantizar ese respaldo a cambio de jugosas transferencias autorizadas desde el Gobierno de Mancera a través de ampliaciones líquidas para las delegaciones que controlaban políticamente: Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón, respectivamente.
Dichas ampliaciones líquidas fueron aprobadas durante tres años (2015, 2016 y 2017), siempre en el mes de diciembre, lo cual es un proceso inusual dado que la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF) como norma buscaba que todos los recursos fueran comprometidos por las unidades de gasto a más tardar en el mes de noviembre de cada ejercicio fiscal.
La ampliación líquida es una adecuación presupuestaria que aumenta el monto total del presupuesto original autorizado a las unidades ejecutoras y que permite aplicar mayores recursos a programas y proyectos prioritarios. De acuerdo con datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia y acceso a la información pública, se pudo constatar que entre 2015 y 2018 el pacto político de Miguel Ángel Mancera con Jorge Romero Herrera dio grandes frutos.
A través del uso de empresas propiedad de allegados a Romero Herrera y ampliaciones líquidas autorizadas por el Gobierno de Mancera, únicamente en el mes de diciembre de 2016 y de 2017 la delegación Benito Juárez recibió recursos adicionales a los presupuestados por un monto que asciende a 1,033,827,262.85 (mil treinta y tres millones ochocientos veintisiete mil doscientos sesenta y dos pesos). Esto mediante un mecanismo que se pactaba en las oficinas del secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, conocido por sus habilidades como operador político y quien fue otro de los grandes beneficiarios de esta historia.
Jorge Romero, hoy diputado federal, aprovechó la estructura de la delegación que gobernó y utilizó una red de empresas que hoy se sabe están vinculadas a procesos legales como los que posibilitaron la detención del también exdelegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, quien nunca pudo demostrar la operación legal de diversas empresas que hasta hoy siguen operando en la alcaldía Benito Juárez y en otras alcaldías gobernadas por el PAN.
Entre la lista de empresas que fueron beneficiadas por estas ampliaciones líquidas destacan: Arte y Diseño en Arquitectura, S.A. de C.V.; Structa Caraveo, S.A. de C.V.; Almazán Arquitectos, S.A. de C.V.; Logística COMSA, S.A. de C.V.; CARTIN International, S.A. de C.V.; Fayco Publicidad y Diseño, S.A. de C.V.; EDG Ingeniería Especializada, S.A. de C.V., y Comercializadora Frajor, S.A. de C.V.
En una futura entrega de esta investigación se mostrará cómo varias de estas empresas comparten socios en algunos casos; en otros, administradores únicos; en otros, domicilios, y hasta acudieron con los mismos notarios públicos.
Para hacer posible la operación de este mecanismo que consistía en unos cuantos días de diciembre: 1) autorizar recursos adicionales a las delegaciones, 2) hacer los procesos administrativos para asignar a las empresas que llevarían a cabo los proyectos, 3) ejecutar los proyectos, 4) concluir los trabajos y 5) pagar los contratos, tuvo que participar toda una red de funcionarios que se enfocaban en lograr estos objetivos.
Diversas fuentes consultadas aseguran que quien se encargaba de que no hubiera complicaciones ni distracciones era el entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano, quien era el responsable de girar instrucciones en el GDF para que nada se “atorara”.
A cambio de estos recursos adicionales, PAN y PRD no solo dieron apoyo político, también aprobaban los proyectos que Miguel Ángel Mancera promovía y que hoy son ampliamente cuestionados por sobrecostos, corrupción y que incluso tienen en la cárcel a muchos funcionarios de su administración, como fue la “Planta de Termovalorización” o las Zonas de Desarrollo (ZODES).
Otro componente importante de esta historia fue cómo desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión panistas y perredistas peleaban por más recursos para el Distrito Federal, destacando uno de ellos en particular, el diputado Santiago Taboada. Como parte del seguimiento de esta investigación también daremos a conocer las participaciones de panistas y perredistas en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, donde exigían más recursos para proyectos específicos de Miguel Ángel Mancera, donde hoy ya hay evidencia de que se trataba de grandes negocios para funcionarios capitalinos.
Otros personajes clave en esta trama fueron los jefes delegacionales de ese periodo, 2015-2018, Christian Von Roehrich, titular de la Benito Juárez, María Antonieta Hidalgo Torres, jefa delegacional de la Álvaro Obregón y Valentín Maldonado Salgado, jefe delegacional de Coyoacán, quienes aceptaron ser parte de la #ESTAFAROMA admitiendo las transferencias derivadas de las ampliaciones líquidas y pagando a los proveedores “amigos”, esquema donde la delegación Benito Juárez fue la mayormente beneficiada.
Para muestra un botón. De acuerdo con diversos medios nacionales como NMás, el 8 de diciembre de 2022, e Infobae, el 9 de diciembre de 2022, uno de los fraudes por el que se detuvo a Christian Von Roehrich, exalcalde de la Benito Juárez y político muy cercano a Jorge Romero, fue por haberle otorgado a la empresa EDG Ingeniería Especializada, S.A. de C.V., dos contratos, uno por 35 millones 720,357.81 pesos y otro por 73 millones 489,811.21 pesos, los cuales suman un total de más de 109 millones de pesos en erogaciones.
Dichos montos fueron pagados con recursos del entonces Distrito Federal, no obstante, nunca se pudo comprobar la operación real de esta compañía. Como ya se mencionó, esta empresa es una de las que recurrentemente se utilizó para asignar contratos con los recursos de las ampliaciones líquidas que cada final de año le eran concedidos a los panistas y que son objeto de la presente investigación.
Adicionalmente, varias de las empresas consentidas por los delegados y diputados del PAN beneficiadas en este esquema todavía salen a relucir en contratos recientes firmados en la administración de Santiago Taboada, actual candidato para la Jefatura de Gobierno, como son: Arte y Diseño en Arquitectura, S.A. de C.V., Structa Caraveo, S.A de C.V., y Logística Comsa, S.A. de C.V. Entre 2016 y 2017 estas recibieron mediante este esquema montos por 80 millones 770,203 pesos.
Un dato no menor es que, con la llegada de Claudia Sheinbaum al Gobierno de la CDMX, a finales de 2018, varias de estas empresas intentaron disolverse, solo una de ellas lo logró, es el caso de Cartin Internacional, S.A. de C.V.; otras, como EDG Ingeniería Especializada, S.A. de C.V., Logística COMSA, S.A. de C.V., y FAYCO Publicidad y Diseño, S.A. de C.V., se encuentran en proceso de liquidación desde 2019, por lo que todavía son sujetas de diversas investigaciones.
Los diputados de Acción Nacional, liderados por Jorge Romero y arropados por los perredistas y el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pudieron llevar a las arcas de la alcaldía Benito Juárez más de 1,000 millones de pesos, que supuestamente fueron utilizados para el mejoramiento de espacios deportivos, velarias para parques, adquisición de pantallas, pintura, parches para llantas, tóneres, material eléctrico, mallas, mantenimiento de unidades dentales, señalamientos, aceite anticongelante, papelería, entre otros, sin que pueda comprobarse la existencia de esos bienes adquiridos o servicios realizados.
Junto a la estafa Romero-Mancera tuvo lugar otro proceso que también derivó en otro gran escándalo de corrupción por la malversación de recursos millonarios para la reconstrucción de la capital del país tras el terremoto de septiembre de 2017.
En 2018, los entonces diputados Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez del PRD y Jorge Romero Herrera del PAN se asignaron la facultad, en el Presupuesto de Egresos de la CDMX, de proponer, vigilar y supervisar el ejercicio de 7,754 millones de pesos destinados a la reconstrucción, contraviniendo lo publicado en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada en la Gaceta Oficial el 1 de diciembre de 2017, en la que se establecía que dichas funciones se conferían a la totalidad de la Comisión de Gobierno integrada por 17 legisladores.
El 18 de febrero de 2018, el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera envió una iniciativa a la ALDF para reformar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, y con ello acallar el escándalo de la injerencia que tendrían en el manejo de los recursos Luna, Toledo y Romero en la reconstrucción.
Sin embargo, de los 7,000 millones de pesos aprobados, ya habían asignado el 80 por ciento; de lo destinado a estos fines solo se pudo comprobar que gastaron poco más de 240 millones, sin la entrega de ningún edificio rehabilitado o reconstruido. N
