En el foco por su investigación de la guerra en Gaza, la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió el viernes 3 de mayo que las amenazas contra la institución o su personal pueden constituir un “delito contra la administración de justicia”.
La oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo en la red social X que son conscientes del “importante interés público” en sus actividades y que su objetivo es “relacionarse de forma constructiva con todas las partes implicadas”. La corte protesta porque su “independencia y imparcialidad están comprometidas cuando individuos amenazan con tomar medidas de represalias contra la corte o el personal de la corte”.
“Estas amenazas, incluso si luego no se concretan, pueden constituir un delito a la administración de la justicia”, aseguró.
Por esta razón, la CPI pidió el fin “inmediato” de los “intentos de obstaculizar, intimidar o influenciar indebidamente a sus responsables”. La oficina del fiscal no quiso precisar a la AFP de dónde procedían estas amenazas o si estaban vinculadas a Israel y la actual guerra en Gaza.
Desde 2021, este tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) tiene abierta una investigación contra Israel, el movimiento Hamás y otros grupos armados islamistas por posibles crímenes de guerra. La causa se ha ampliado para incluir “la escalada de hostilidades y de violencia desde los ataques del 7 de octubre de 2023” perpetrados por Hamás a los que Israel respondió con su ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
Responsables israelíes han indicado al diario estadounidense The New York Times que esperan órdenes de arresto de la CPI contra miembros del gobierno, incluido probablemente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en relación a la operación militar en Gaza.
El presidente israelí, Isaac Herzog, estimó el miércoles que una eventual inculpación de los dirigentes del país representaría “un peligro para las democracias”.
Estados Unidos, que no reconoce este tribunal, también se opone a la investigación de la CPI sobre la guerra en Gaza. “No creemos que tengan jurisdicción”, había dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Este viernes, tras el comunicado de la fiscalía de la corte, Jean-Pierre afirmó que se oponen “obviamente a cualquier amenaza o intimidación contra responsables públicos, incluidos los funcionarios de la CPI”. N
(Con información de AFP)
