Haití consiguió este viernes 12 de abril instalar un consejo de gobierno que será el encargado de llenar un vacío de liderazgo y restaurar el orden en medio de una ola de violencia que se desató hace un más de un mes.
Mediante un decreto publicado en el diario oficial de Haití “Le Moniteur“ se dio a conocer la formación del consejo, un mes después de que el primer ministro Ariel Henry anunciara que dimitiría en medio de una ola de ataques de bandas criminales en la capital Puerto Príncipe.
“El mandato del consejo presidencial de transición finaliza, a más tardar, el 7 de febrero de 2026”, reza el decreto, que especifica que sus miembros deben nombrar “rápidamente” un primer ministro y un gobierno “inclusivo”. El consejo aún no está formalmente a cargo del país. Henry “presentará la dimisión de su gobierno tras el nombramiento de un nuevo primer ministro”, según el documento.
El empobrecido país caribeño sufre desde hace décadas una inestabilidad política crónica. A finales de febrero, las bandas, cuya violencia ya asolaba zonas enteras de Haití, lanzaron ataques coordinados contra lugares estratégicos exigiendo la renuncia de Henry. Nombrado pocos días antes del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, Henry fue duramente cuestionado y no pudo regresar a su país tras un viaje a Kenia.
En tanto, cerca de 100,000 personas huyeron de la zona metropolitana de Puerto Príncipe en el último mes debido al recrudecimiento de los ataques de las pandillas armadas, anunció este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.
“Si bien la provisión de asistencia fue más sencilla tras los terremotos hoy se ha convertido en una tarea verdaderamente agobiante”, dijo el encargado de la OIM en Haití, Philippe Branchat. “Los trabajadores humanitarios, incluidos los nuestros, están enfrentando desafíos sin precedentes en materia de seguridad, debiendo equilibrar el imperativo de asistir a otros con las crudas realidades de los riesgos personales y el desplazamiento”.
El alcance de la crisis va mucho más allá de los confines de Puerto Príncipe, afectando también a otras comunidades en Haití y dejando a más de 360,000 personas desplazadas en toda la nación, muchas de ellas en una proporción mucho mayor. “Hay casi 100,000 personas desplazadas internamente viviendo en sitios en condiciones deplorables, lo cual lleva a que se profundicen los padecimientos. Sus necesidades incluyen el acceso a alimentos, cuidados de la salud, agua potable, apoyo psicológico y contar con instalaciones para la higiene”, indica OIM.
Hasta el momento se desconoce si en consejo instalado en Haití este viernes logre aplacar la violencia en el país, donde, de acuerdo con oenegés internacionales, lo califican como un “verdadero desastre humanitario”. Los trabajadores de estas organizaciones narran que tienen que lidiar con la amenaza de las balas perdidas en los hospitales, los secuestros, el temor a las bandas, el riesgo de hambruna y todo tipo de escasez.
De hecho, estas entidades humanitarias subrayan el “heroísmo” de sus compañeros en ese país caribeño, un mes y medio después de los ataques coordinados de grupos armados para apartar al primer ministro, Ariel Henry, del poder.
La capital, Puerto Príncipe, es “una prisión a cielo abierto, una ciudad completamente aislada” en un país donde “ya no hay gobierno, no hay Estado”, explica a la AFP Sarah Chateau, responsable del programa Haití para Médicos Sin Fronteras (MSF).
Los tres millones de habitantes de Puerto Príncipe y su periferia están “atrapados”, “con disparos permanentemente”, continúa. Los principales puerto y aeropuerto del país no pueden funcionar, lo que bloquea todo reabastecimiento. Las carreteras de acceso y salida de la ciudad están controladas por los mismos grupos violentos.
“Tenemos una compañera que recientemente quiso salir de Puerto Príncipe para ir a ver a su hijo [fuera de la ciudad]. Fue secuestrada durante cinco días”, revela Chateau. En el último mes y medio, los trabajadores de MSF en Haití han sufrido “dos secuestros y dos tentativas”, agrega.
La capital vive “un desastre humanitario”, afirma la responsable de MSF, la mayor ONG en ese país, con 1,500 empleados y cuatro hospitales en Puerto Príncipe que en las últimas semanas atendieron a más de 400 heridos de bala.
“Los disparos son tan constantes” que las estructuras de MSF se ven alcanzadas por “balas perdidas”, “una este fin de semana en el campamento base y dos en un hospital la semana pasada”, señala Chateau. “Llegué a tener miedo”, afirma Carlotta Pianigiani, coordinadora de emergencias para la oenegé africana Alima, quien asegura no haberse “enfrentado jamás a un nivel de violencia tan intenso”.
“En Haití, vemos cosas que no vemos en otros lugares. Hay una especie de normalidad en encontrarte cadáveres por la calle”, especialmente de presuntos miembros de bandas, “quemados” por el movimiento de autodefensa Bwa Kale y dejados allí como “advertencia”, cuenta.
Por ello, “los acontecimientos” se monitorean “hora a hora”, con alertas en tiempo real que aparecen en grupos de WhatsApp de cooperación ciudadana, explica Pianigiani. “Aunque la gestión del riesgo es totalmente distinta entre Haití y Gaza (…), son los dos lugares donde es más peligroso intervenir para las organizaciones humanitarias”, insiste.
William O’Neill, el experto designado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Haití, dice inquietarse por la presencia de “niños-soldados” en la capital. Jóvenes de “13, 14 o 15 años” que antes servían de “mensajeros o centinelas”, ahora van con “grandes armas”, explica.
En el país, carcomido por décadas de pobreza, catástrofes naturales e inestabilidad política, las poderosas bandas se asociaron y la violencia en Haití no parece tener fin, y el consejo instalado no necesariamente puede ser una respuesta. N
