En los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en la tasa de embarazos no deseados. Entre los jóvenes de entre 15 y 19 años, solo 0.33 por ciento recibió una explicación completa y de calidad sobre el método anticonceptivo que decidió utilizar. En esta cifra del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) puede encontrarse una explicación. “Hay una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres que están en edad fértil”, expresa Eugenia Likar, subdirectora del ILSB.
Esto a pesar de que esta información y el acceso a los métodos debe ser gratuita y sin restricciones en México, coincide Cristina Santana, coordinadora del Programa de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDefine).
“Creo que muchas personas todavía no saben que los métodos antifecundativos se pueden dar de manera gratuita en el sector salud. Esto tendría que ser noticia nacional. Todo el país tendría que saber que pueden ir a su clínica por condones, por algún método más de largo plazo, el que sea de su preferencia y que son gratis”, asegura.
Tanto Likar como Santana sostienen además que los solicitantes de algún método anticonceptivo no necesitan ir acompañados de padres, madres, tutores o parejas. Esto debido a que los servicios amigables de salud reproductiva son espacios confidenciales.
“Si estamos pensando en adolescencias y en juventudes, estos servicios son especializados en la atención de salud sexual y reproductiva. Están dentro de los centros de salud de las clínicas, de los hospitales. Es importante que las personas sepan cuáles son aquellos que están más cercanos a su domicilio y allí pueden obtener orientación y consejería”, añade Likar.
No obstante, este hecho genera un reto para el sistema de salud del país de contar con el abasto suficiente de métodos anticonceptivos para la población. En opinión de Santana, el cumplir con ello ha representado algunas complejidades para las autoridades. En tanto, Likar considera que el reto es doble: no solo es importante que se ofrezca información a las juventudes, sino también que se atienda el desabasto.
Ambas coinciden en que también es necesario que las juventudes conozcan este derecho y denuncien en caso de no obtener el servicio adecuado.
“Ante una negación, primero habría que preguntar por qué te lo están negando, si se trata de desabasto o de opinión personal. De todos modos, es importante alzar la voz, mostrar que eso está ocurriendo y poner quejas”, aconseja Santana.
Likar agrega que a nivel nacional se pude acudir a la CNDH o a los organismos contra la discriminación de los estados. También se pude poner la queja en el Instituto de la Juventud si se trata de una persona joven. “También estamos las organizaciones de la sociedad civil para proveer la información y prevenir que esto suceda”, añade.
Aunque son innegables los avances en materia de interrupción legal del embarazo (ILE), aún hay mucho camino por avanzar en esta materia, reconocen Santana y Likar.
Son ya 12 entidades de México las que han despenalizado el aborto; aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la inconstitucionalidad de penalizar esta práctica, aun hay 20 estados que no han cambiado su legislación.
“Es importante dejar de ver el aborto en términos penales, quitarlo de los códigos y que más bien se regule desde las leyes de salud. Es el único servicio de salud que está en un Código Penal”, considera Santana.
Cuando la ILE se deje de ver como un asunto penal para hacerlo un tema de salud, este derecho podrá ser ejercido más libremente y el Estado podrá ofrecer más garantías para ello.
“Legalizar implica generar toda una política pública, todo un andamiaje, quitar también el estigma social. Asegurar que los servicios se presten de manera clara, que haya garantías en el acceso, que haya un trato digno, que se ofrezcan servicios de calidad. Es otro gran pendiente, no solo despenalizar, sino también legalizar”, enfatiza Likar.
Tanto Santana como Likar reconocen que también es necesario impulsar que, más allá de las legislaciones, todo el personal involucrado en la atención a la salud esté sensibilizado en materia ILE.
También insisten en que habrá que seguir impulsando el cumplimiento de las normas en materia de objeción de conciencia. Y es que, a pesar de que este derecho sigue vigente, todas las clínicas están obligadas a contar con personal no objetor a fin de que las mujeres puedan ejercer este derecho.
Finalmente, como parte de la cartilla de derechos sexuales, es indispensable seguir promoviendo el derecho al placer entre las juventudes.
“Esa es nuestra postura: el placer como bandera en la educación integral en sexualidad. Hay personas que se espantan, pero si no tenemos una idea de que en las relaciones sexuales hay una fase de sentir placer, también da pie a aceptar muchas situaciones que pueden no ser gradables”, afirma Santana.
“La educación integral en sexualidad es una cuestión fundamental, se debe entender que es nuestra sexualidad y nuestra salud sexual y reproductiva. Eso incluye el placer, pero también incluye reconocer e identificar si hay actitudes violentas en las relaciones de pareja y también prevenirlas”, concluye Likar. N
