A Lilian la detuvieron en el hospital donde acababa de parir y a Alba, en el funeral de su bebé. Acusadas de matar a sus hijos, ambas mujeres fueron condenadas a 30 años de cárcel en El Salvador, donde abortar y las urgencias obstétricas se castigan como un crimen.
En América Latina el aborto es legal en México, Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay. Con tres causales, también en Chile. El Salvador prohibió en 1998 el aborto sin excepciones, al igual que Nicaragua, Honduras, Haití y República Dominicana. Pero en ninguno las penas son tan severas como en El Salvador: se castiga con dos a ocho años de cárcel, pero a menudo es tipificado como “homicidio agravado”, lo que conlleva penas de 30 a 50 años de prisión.
Sin embargo, el presidente Nayib Bukele, recién elegido para otro mandato de cinco años con un control casi total del Congreso, se ha expresado en contra del aborto.
El mandatario pasó de defender el aborto a calificarlo públicamente como un “genocidio”. Hace años, el “caso Beatriz” conmovió a El Salvador. En 2013, la joven pasó por un calvario debido a un embarazo que deseaba interrumpir por su historial de enfermedades que ponían en riesgo su vida: tenía lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Pero no pudo llevar a cabo el aborto por las duras restricciones del país; el bebé nació con anencefalia y a las cinco horas murió.
“No estoy a favor del aborto, en el futuro nos daremos cuenta de que es un gran genocidio (…) He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho de la vida (desde el momento de la concepción)”, escribió Bukele en las redes sociales en septiembre de 2021.
La mayoría oficialista, que controla el poder legislativo, ha descartado cualquier modificación del Código Penal, que entre sus artículos 133 al 139 prohíbe todo tipo de aborto.
“Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de seis a doce años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo”, refiere el artículo 135 del Código Penal.
Lilian estuvo ocho años tras las rejas y Alba diez. Pero su liberación, tras una revisión de sentencia, es una victoria incompleta para las mujeres de un país que insiste en mantener una de las leyes contra el aborto más severas del mundo.
“Tuve mi bebé normal, pero sufrí un desgarro del útero. Me sedaron para hacerme un legrado. A los tres días que desperté, supe que había fallecido”, cuenta Lilian, que pide solo identificarse con su nombre.
Tenía 20 años, una niña de dos, una pareja y un trabajo cuando eso ocurrió en noviembre de 2015, en el hospital público de Santa Ana, en el oeste de El Salvador.
“Me acusaron primero de abandono y desamparo, pero la fiscalía calificó el delito ‘homicidio agravado’ y fui condenada en mayo de 2016. Pensé que se había arruinado mi vida para siempre”, relató.
Hace un año, dice, supo que su niña murió de sepsis neonatal: “Si la hubieran tratado a tiempo, no hubiese fallecido. No hubiera perdido tantos años de mi vida en la cárcel”. Ayudada por las organizaciones Colectiva Feminista y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Lilian salió de prisión en noviembre y es la última de las 73 salvadoreñas condenadas a entre 30 y 50 años en la última década, por abortos o complicaciones obstétricas, en ser excarcelada.
Aunque cada quien tiene su historia, casi todas estas mujeres son pobres, con poca educación y de zonas rurales, donde los servicios de salud son precarios, explicó Arturo Castellanos, trabajador social de la Agrupación Ciudadana.
Algunas incluso sufrieron violaciones, como Alba Lorena Rodríguez, que fue violada por un conocido y quedó embarazada. Tenía 21 años y dos hijas pequeñas. Un día de diciembre de 2009, con cinco meses de gestación, sintió fuertes dolores. El parto sobrevino en su modesta casa en un área rural del suroeste de El Salvador.
“Me tocó parirlo a mí sola, me desmayé, se me cayó y se golpeó”, contó. Al día siguiente, una vecina llamó a la policía y fue detenida en el velatorio de la criatura.
No tuvo, dice, “un juicio justo” ni quien la defendiera. “Sentí que se me vino el mundo encima, porque sabía que no iba a ver a las niñas y me estaban castigando por algo que no había hecho”, afirmó.
“El que me violó estaba afuera con su familia y yo presa. La ley es bastante injusta. Cuando salen de la cárcel la comunidad las discrimina y estigmatiza, y deben restablecer los vínculos familiares”, dijo Alba, que igual que Lilian prefirió hablar con la AFP en San Salvador, lejos de su barrio.
Para Lilian, “lo más duro” fue perderse la infancia de su niña, a quien dejó bajo el cuidado de los abuelos a los dos años de edad: “Solamente la vi dos veces, no la vi crecer”. “Mi papá murió en el 2012 y yo me di cuenta en el 2019 cuando salí (de la cárcel), mis niñas ya iban a la escuela y mi hermana había muerto”, resumió Alba.
Desde 1998, los casos de aborto y emergencias obstétricas de 199 mujeres se criminalizaron en El Salvador. Aunque Lilian fue la última en salir de prisión, hay siete mujeres que enfrentan procesos de denuncia, sin ser encarceladas aún, aseguró la Agrupación Ciudadana.
“Entran siendo culpables en unos juicios plagados de moralidad. Se sigue criminalizando a las mujeres. Hay que modificar la ley”, aseguró Castellanos.
“Nadie me puede devolver el tiempo perdido. Estoy reconstruyendo el vínculo con mi hija. Quiero estudiar y sacarla adelante. Quisiera pasar esa página de mi vida y empezar de cero”, aseguró Lilian a quien se criminalizó por abortar en el Salvador. Dice estar consciente de que hay mucho por hacer para que otras mujeres no sufran lo que ella vivió: “La ley sigue igual, la lucha no se detiene todavía”. N
(Con información de AFP)
